Cuatro fiscales de la asociación izquierdista apoyan al juez Castellón y ven terrorismo en Tsunami

Los fiscales de lo penal del Tribunal Supremo han apoyado mayoritariamente a Manuel García-Castellón, juez instructor del caso Tsunami en la Audiencia Nacional, y también ven indicios de terrorismo en ese grupo independentista violento. Se trata de una decisión transversal a su adscripción a asociaciones profesionales. De hecho, fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) presentes en la polémica junta de fiscales de este martes, también se decidieron por tumbar el segundo informe de Álvaro Redondo, que descartaba la existencia de posibles hechos terroristas en los hechos analizados.

La UPF es la asociación más próxima al PSOE. Además, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, es miembro de esa entidad. Es una organización que, si bien ha criticado las acusaciones de lawfare del PSOE y Junts, no está completamente alineada con el resto de asociaciones que se posicionan abiertamente contra la Ley de Amnistía. De hecho, la UPF se opuso a que el Consejo Fiscal se pronunciara oficialmente contra esa norma porque sería «un juicio político y sería grave».

Sin embargo, varios fiscales ligados a la UPF se posicionaron en contra de los intereses de Pedro Sánchez y vieron terrorismo en la investigación de Tsunami, respaldando las tesis del juez García-Castellón.

Se trata de Manuel Dolz –ex secretario de Estado del Ministerio de Justicia con Dolores Delgado–, Juan Carlos López Coig y Justino Zapatero, a los que se podría añadir a Javier Zaragoza, que también fue de la UPF hasta que se dio de baja contrariado por la decisión del fiscal general de proponer discrecionalmente a su inmediata predecesora, Dolores Delgado, para el nuevo puesto de fiscal de sala de Memoria Democrática. A ellos se unieron varios fiscales más de la Asociación de Fiscales –la mayoritaria en la carrera fiscal–, el fiscal Salvador Vianda, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), y varios más, independientes o cuya adscripción a alguna asociación no ha trascendido.

Desde su constitución en 1985, la UPF consagra, entre otros fines, «promover la defensa y plena realización de los principios, derechos y libertades consagrados en la Constitución, satisfacer el interés social, defender los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, proteger a los sectores marginados de nuestra sociedad».

Desolación ante «un sainete»

En este marco, el sentimiento en los diferentes niveles de la Fiscalía es de «completa desolación». Las idas y venidas del Ministerio público en este asunto crítico han generado una gran preocupación en la carrera fiscal. Ven «un evidente daño a la imagen de la institución». «En todos los años que llevo aquí no había visto algo así. Es el mayor sainete de la historia de la Fiscalía. Nunca se había utilizado el artículo 24 para imponer la visión de la teniente fiscal en una junta de fiscales», resume una fuente consultada.

García Ortiz alza la voz

Por su parte, este miércoles, un día después de la polémica junta, el fiscal general García Ortiz ha salido al paso para pedir «dejar trabajar en paz» a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, quien debe resolver el histórico choque en la Fiscalía. «Los instrumentos de la Fiscalía funcionan, quien tiene el encargo de resolver estas discrepancias es la teniente fiscal, la número uno real de la carrera. Hay que dejarla trabajar en paz», ha expuesto ante la prensa antes de presidir una junta de fiscales en Barcelona.

Lo ha dicho después de ser preguntado por las declaraciones del fiscal Salvador Viada, que en una entrevista en Onda Cero ha calificado de «155 encubierto» el cambio de postura del fiscal Redondo tras elaborar un segundo informe opuesto. Unas palabras que García Ortiz considera «una anomalía». «Para mí es sorprendente que alguien que ha participado en la junta de fiscales pueda ir a un medio de comunicación a revelar allí lo ocurrido», ha lanzado. Insiste en pedir que los espacios de trabajo sean de tranquilidad y profesionalidad.

García Ortiz, que no ha desmentido la reunión con Redondo, pero que mantiene que ahí no influyó en el sentido del informe, considera que la Fiscalía debe «armar esa una unidad de criterio, sea cual sea». Tras la amplísima mayoría que ha enmendado la plana al fiscal, los dos jefes de la sección, Fidel Cadena –fiscal del procés– y Joaquín Sánchez-Covisa mostraron posiciones opuestas. El segundo apeló por primera vez en la historia a un artículo para elevar la disputa a Sánchez-Conde. Lejos de los principios de horizontalidad y de crear posturas de abajo a arriba, ahora será la número dos de García Ortiz quien decida. Podría despreciar, tal como temen en la carrera fiscal, la contundente mayoría de la votación de este martes.

El fiscal general habla de «traición»

Por otra parte, García Ortiz ha tratado de justificar que no conoció el primer documento de Redondo. Argumenta que era un borrador y ha aseverado que «el fiscal general no miente». «Para mí sólo hay una referencia. Un único informe, que es el que se eleva a la junta de fiscales de sala. Ignoro e ignoraba la existencia de un informe anterior, lo he visto por informaciones de prensa», ha esgrimido.

Además, censura los principios de transparencia. En lugar de apostar por no esconder la huella normativa, García Ortiz cree que revelar documentos internos vulnera la privacidad: «Si se ha traicionado esa privacidad, si se ha traicionado ese compañerismo, si el espacio de trabajo deja de ser un espacio cómodo de trabajo en el que tenemos que tener cuidado con quién hablamos, porque va a trascender lo que es un tesoro en cualquier organización, en cualquier espacio de trabajo, tenemos un problema».