El consejero y tío de Chivite, vinculado con contratos de Navarra a su empresa
Óscar Chivite, consejero autonómico de Cohesión Social, fue investigado por la Oficina Anticorrupción de Navarra
El alto cargo del Gobierno foral no renunció inmediatamente al puesto en la compañía al tomar posesión
La empresa del consejero autonómico del Gobierno de Navarra Óscar Chivite, también tío de la presidenta autonómica, colabora con concesionarias de obras de empresas públicas. Antes de ser nombrado por su tía, María Chivite, el titular de la cartera de Cohesión Social era administrador único de Lauburu SL. Se trata de una sociedad colaboradora con la concesionaria de las obras del Canal de Navarra. Óscar Chivite no renunció al puesto en la compañía al tomar posesión como consejero.
Tampoco renunció inmediatamente después de que lo denunciara la oposición. No fue hasta semanas después, cuando Unión del Pueblo Navarro (UPN) denunció esta incompatibilidad, y tras ser requerido por la Oficina Anticorrupción, cuando Óscar Chivite renunció a sus responsabilidades en la empresa para mantener su puesto en el Gobierno de Navarra desde el que firma contratos públicos. Según han denunciado desde la formación política citada, el tío de la presidenta de Navarra ha ocultado al Parlamento foral que estuviera siendo investigado, una circunstancia que «evidencia una forma de hacer política».
La Oficina Anticorrupción de Navarra inició una investigación al consejero y tío de la presidenta por el presunto cobro de dinero público de la sociedad pública Nilsa a través de la empresa Lauburu SL de la que era administrador único. Chivite renunció al cargo «un mes después de tomar posesión y cuando fue descubierto y requerido» por Anticorrupción, como indica UPN, que ha denunciado que no dimitiera de su cargo como directivo de una empresa privada adjudicataria de contratas de ese mismo departamento, como era preceptivo.
El parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin ya acusó al Gobierno de Navarra de intentar «engañar» sobre la situación del titular de Cohesión Territorial, que compaginó su cargo institucional con el de directivo de su empresa, y de confundir «deliberadamente» dos supuestos contemplados en la ley de incompatibilidades.
«Han lanzado falsedades como el supuesto plazo de dos meses que tenía para su dimisión, o que el consejero no tenía actividad remunerada», ha advertido el parlamentario de UPN tras desvelar que pese a las preguntas de su formación, el Ejecutivo de Navarra, liderado por María Chivite, «ocultó» que la Oficina investigaba al consejero con contratos públicos como telón de fondo.
Los regionalistas han desvelado que la empresa del consejero mantuvo adjudicaciones públicas desde enero de 2021 y siguió recibiendo encargos «al menos» hasta agosto de 2023. Sánchez de Muniáin ha explicado que la ley establece que Chivite debió dejar su puesto de administrador previamente a formar parte del Gobierno, por lo que durante el tiempo en el que siguió en Lauburu «se habría encontrado en una situación de incompatibilidad de las previstas en la ley».
En este contexto, el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha asegurado que los trámites para licitar la segunda fase del Canal de Navarra «siguen y no cejan en ningún momento». Promete poner en poner en marcha las obras «lo antes posible» y que el agua llegue a la Ribera «en esta legislatura».
En el pleno del Parlamento, Óscar Chivite ha afirmado que Navarra compromete esos contratos del Gobierno de Navarra para blindar la llegada del agua hasta la Ribera. «Es un compromiso manifiesto», esgrime y lo valora como un «hito estratégico plasmado en el acuerdo de legislatura». A pesar de las críticas, dice que es «un proyecto viable económica y socialmente». Critica las voces que «siembran incertidumbre» y ha apuntado que se trata de una obra que «lidera el Estado» a través de la empresa Canal de Navarra SA (CANASA) y no es un proyecto que implique sólo a Navarra.
Óscar Chivite ha asegurado que la segunda fase del Canal de Navarra «nos ocupa desde el minuto uno de la legislatura» y ha puesto de relieve la «buena disposición» de todas las partes implicadas. En este sentido, incide en que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha remitido el expediente al Ministerio, «así que los tramites siguen y no cejan en ningún momento».
El consejero destaca que es un proyecto que recorre 71 kilómetros de la geografía navarra, de forma que «son muchas las administraciones» que intervienen en la toma de decisiones, lo que «complica las tramitaciones».