Corrupción en el PSOE valenciano

El auditor externo de la nueva Imelsa detectó que los 7 enchufados por Rodríguez eran innecesarios

El auditor externo de la nueva Imelsa detectó que los 7 enchufados por Rodríguez eran innecesarios
El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez. (Foto: EFE/OKDIARIO)
Segundo Sanz

La contratación ‘a dedo’ de 7 altos cargos en Divalterra, antigua Imelsa, en noviembre de 2015 -y de dos más en febrero de 2018- sin que hubiera concurso de candidatos, no era necesaria para el día a día de la empresa pública que gestiona las brigadas forestales en la provincia de Valencia. Así lo atestigua un informe encargado por la propia Divalterra, entidad pública de la Diputación valenciana gobernada por Jorge Rodríguez (PSOE), a la firma externa RSM Spain Auditores.

Rodríguez fue detenido este miércoles por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la Operación Alqueria tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción ante tales contrataciones de Alta Dirección en Divalterra. Los investigadores tratarán ahora de esclarecer si estos altos cargos -militantes del PSOE y Compromís- desviaron dinero de esa remuneración a la financiación de sus respectivos partidos. Cada uno de estos altos cargos cobra un salario anual de 50.000 euros más gastos de desplazamiento, comportando un coste de 75.000 euros al año. En total, 2,5 millones de euros, incluyendo las indemnizaciones por cese, en el periodo legislativo 2015-2019.

Además de Rodríguez fueron arrestados su jefe de gabinete, Ricard Gallego; los gerentes de Divalterra, Agustina Brines (Compromís) y Xavier Simón (del PSOE); el secretario, Jorge Cuerda, y Manuel Reguart, asesor de Rodríguez. Está acusados de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Según consta en el ‘Informe de auditoria de cumplimiento de la legalidad vigente’ relativo al ejercicio 2015 de la nueva Imelsa y consultado por OKDIARIO, la incorporación de personal de Alta Dirección en el segundo semestre de aquel año (tras relevar el socialista Rodríguez al popular Alfonso Rus) albergó varias irregularidades.

En primer lugar, el estudio de RSM Spain Auditores, pagado con dinero público, señala: «Llama la atención que el personal considerado de Alta Dirección ha pasado de una persona (gerente) a un total de diez a fecha de cierre, siendo: dos gerentes y un director de servicios jurídicos, administración y transparencia (los tres con poderes acordes a sus funciones y siete directores de área, algunas de nueva creación».

Estas contrataciones de Alta Dirección fueron realizadas al margen de los «principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad»

Y es en este punto, donde el informe con fecha de 25 de julio de 2016, subraya: «Los nombramientos de estos últimos -en alusión a los directores de área- fueron llevados en noviembre de 2015, con el objeto de dotar de estructura a la sociedad sin que se haya observado un incremento de la actividad ni existiesen asignaciones presupuestarias para algunas de las áreas de nueva creación, teniendo que cargar temporalmente la sociedad sus costes a servicios centrales».

Extracto del informe del auditor externo de Divalterra al que ha accedido OKDIARIO.
Extracto del informe del auditor externo de Divalterra al que ha accedido OKDIARIO.

Sin embargo, tal y como denunció Ciudadanos el pasado abril ante la misma Fiscalía Anticorrupción, que ya había ordenado unas diligencias previas en este caso, estas contrataciones con relación laboral de Alta Dirección fueron realizadas «apartándose de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad» que exige el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).

La formación naranja advirtió al Ministerio Público que a partir de un «comportamiento injusto» por parte de la gerencia de Divalterra «se quiso eludir todos los principios rectores de acceso al empleo público para intencionadamente elegir a aquellos que la gerencia decida por ser militantes de su partidos políticos, evitando con ellos la convocatoria pública de la plaza (basta ver los currículum de los contratados para darse cuenta que la mayoría difícilmente pasaría la primera fase de un concurso público en relación con los puestos que ocupan), y que accedan a los puestos los mejores candidatos”.

Entre los siete enchufados en noviembre de 2015 se encuentra el militante socialista Manuel Carot Martínez, que primero estuvo al frente de la Dirección de Regeneración de Zonas Verdes Urbanas y luego pasó a la  la Dirección de Gestión Forestal y Medio Rural, la de mayor presupuesto. Tal y como ha publicado OKDIARIO, Carot accedió a estos puestos de Alta Dirección sin más preparación técnica que la de haber trabajado como marmolista. 

El informe de RSM Spain Auditores también afeó a los nueva dirección, bajo control socialista, que «no ha otorgado clasificación alguna a la Sociedad en ninguno de los tres grupos que establece la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con el fin de determinar el número máximo de miembros del Consejo de Administración, mínimo y máximo de directivos así como la cuantía máxima de la retribución total».

Una decena de informes

También cuestiona el auditor que «no se difunde en la página web (de Divalterra) información suficiente sobre los datos y experiencia profesional de los miembros de sus órganos de administración, gestión, dirección y control, tal y como establece el apartado 5 de la mencionada disposición adicional».

Pese a las irregularidades advertidas en este estudio, entregado en julio de 2016, y a la existencia de una decena más de informes contrarios a estos puestos de Alta Dirección, Rodríguez y sus cogerentes los han mantenido activos en el organigrama de Divalterra hasta su detención en la mañana del pasado miércoles.

Lo último en España

Últimas noticias