Los estatutos de la cátedra de Begoña Gómez permiten «extinguirla» por no «prevenir» la corrupción

El convenio de la cátedra de Transformación Social Competitiva, que Begoña Gómez dirige en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), recoge la obligación de «prevenir» la «comisión de delitos o actos ilícitos» contemplados en el Código Penal. Es decir, los mismos por los que la mujer del presidente del Gobierno está imputada.

«Las partes se comprometen a adoptar, en el ámbito de sus respectivas actividades y autonomía, todas las medidas oportunas para prevenir la comisión de delitos o actos ilícitos», se expone en concreto en la octava cláusula, relativa a la «responsabilidad penal y código ético». Begoña Gómez está citada a declarar el próximo 5 de julio imputada por tráfico de influencias y corrupción por las cartas de recomendación que firmó para que su socio, Carlos Barrabés, reforzase sus opciones en varios contratos del Gobierno. Barrabés se hizo con varios lotes valorados en más de 10 millones. La Fiscalía Europea ha asumido parte de la investigación, al tratarse de fondos comunitarios.

El acuerdo para la creación de la cátedra fue suscrito el 30 de octubre de 2020 entre la Universidad Complutense, Reale Seguros y la Fundación La Caixa y supuso un notable espaldarazo a la labor académica de Gómez en este centro universitario. La designación de Begoña Gómez al frente de esa cátedra resultó en su día muy polémica, teniendo en cuenta que la mujer del presidente socialista ni siquiera dispone de una licenciatura oficial. La universidad, además, tuvo que retorcer su propio reglamento para colocar a la mujer del líder del PSOE en la dirección.

La cláusula decimotercera del convenio recoge las «consecuencias» por el «incumplimiento de las obligaciones y compromisos» asumidos por las partes, como el antes mencionado. En estos casos, «se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de 30 días naturales con las obligaciones o compromisos incumplidos». Si transcurrido ese plazo «persistiera el incumplimiento», se podrá entender «resuelto» el convenio.

Como avanzó este periódico, Gómez no renovará el próximo curso su máster en Transformación Social Competitiva, aunque la mujer del jefe del Ejecutivo conserva aún otro título, el de captación de fondos para ONG, que también codirige en la Complutense. El convenio de la cátedra ampara ambas titulaciones.

Investigación

El pasado 24 de abril, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acordó abrir diligencias de investigación contra la mujer del presidente del Gobierno por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.

En el punto octavo del convenio de la cátedra se especifica claramente la obligación de «adoptar todas las medidas oportunas para prevenir la comisión de delitos o actos ilícitos», de acuerdo al Código Penal. «Entre dichas medidas», se añade, «se encuentra el establecimiento de protocolos internos de prevención de riesgos penales encaminados a la prevención de la comisión de delitos».

En concreto, el Código Penal define así el tráfico de influencias: «El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años».

Investigación a Begoña Gómez

Begoña Gómez está ahora imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras avalar a uno de sus socios en la cátedra, Carlos Barrabés, para lanzar sus opciones en un contrato público. El empresario, que impulsó el máster de Transformación Social Competitiva, resultó adjudicatario de licitaciones de más de 10 millones de euros.

Como reveló OKDIARIO, Barrabés obtuvo la calificación de sobresaliente en la calificación de los contratos, muy por encima de sus 17 competidoras. Los examinadores se deshicieron en elogios hacia el socio de Gómez: «Esta oferta es una de las más innovadoras y completas», se exponía en el informe. Barrabés, por entonces, mantenía una estrecha relación profesional con la mujer del presidente del Gobierno.

«Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados. Asimismo, mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación que pudieran estar interesados [sic]», exponía Gómez en la carta, remitida al órgano encargado de tramitar el procedimiento, Red.es, un ente dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, entonces dirigido por Nadia Calviño.