Calviño anticipa un acuerdo para la reforma laboral aunque admite que no se ha visto con la patronal

«La voluntad» es que, «en cuestión de semanas», haya un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para pactar un nuevo marco de relaciones laborales que modernice la última reforma laboral del PP. Son palabras, este sábado, de la vicepresidenta económica Nadia Calviño tras participar en la cumbre del G-20 que se celebra en Roma. La realidad es que ni la ministra de Economía ni la de Trabajo se han visto por el momento con la patronal. Así lo reconocía la propia Calviño, tras esa rueda de prensa, en una conversación informal con los periodistas. Y eso no gusta a los empresarios, que tras una visita de dos horas de los hombres de negro europeos hace unas semanas ven reforzada su posición negociadora.

Las exigencias de la Comisión Europea pasan porque el nuevo texto normativo que regule las relaciones laborales de nuestro país sea consensuado entre todas las partes implicadas. Es decir, que tenga el beneplácito del Ejecutivo, los sindicatos y los empresarios. De ahí que, hace unos días, Pedro Sánchez ordenase una mayor coordinación entre ministerios al enterarse de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estaba elaborando su propuesta en contacto únicamente con las centrales sindicales. Lo cierto es que dos semanas después de ese enfado, la parte socialista tampoco se ha acercado aún a la patronal, según ha reconocido la ministra de Economía.

El próximo martes, en el Palacio de La Moncloa, hay una reunión importante convocada por el presidente con sus dos vicepresidentas y los titulares de Hacienda y Seguridad Social. El encuentro debe servir para rebajar las tensiones y sobre todo para fijar una postura común del Gobierno. Pero ni una cosa ni la otra parecen fáciles. Tras alcanzar un acuerdo sobre quién debe estar en la mesa, permitiendo a Podemos liderar las negociaciones pero con supervisión de los socialistas, ahora la gran discusión se centra en el qué, el cuándo y el cómo. Calviño augura que puede haber solución «en cuestión de semanas» pero no se atreve a decir cuántas. Sus socios exigen que sea antes de finales de año. «No vendrá por una semana más o una semana menos» defendía ella.

En el Ejecutivo pretenden que a lo largo de este mes de noviembre se pueda llegar a un principio de acuerdo para que en enero de 2022 «ya podamos tener este nuevo contrato social para impulsar el empleo de calidad en esta fase expansiva». Eso implicaría que los trámites parlamentarios de la norma se dejarían para el próximo año, una vez aprobados los Presupuestos. Ese es un punto de fricción con Podemos en una «fase decisiva», dice la vicepresidenta primera, que seguro generará más «discrepancias» entre los ministros. Y es que la disparidad de opiniones se focaliza sobre cuatro aspectos claves de la reforma laboral.

Estos temas que obligan a la propia coalición a ponerse de acuerdo antes de ir a buscar el consenso con los agentes sociales pasan por «la simplificación de contratos y reducción de la temporalidad que es excesiva; en segundo lugar, una adecuada regulación de las subcontratas, un reequilibrio de las partes en la negociación colectiva y un mecanismo de estabilidad inspirado en el ejemplo positivo que hemos tenido con los ERTE», ha aseverado Calviño. «Estos son los temas que se han venido trabajando y en los que tendremos que llegar a un acuerdo en las próximas semanas», ha espetado, advirtiendo que el camino a recorrer los meses de noviembre y diciembre no será fácil.

Que el acuerdo al que lleguen antes del 31 de diciembre incluya no sólo a los sindicatos, sino también a la patronal, no sólo es un compromiso adquirido por Pedro Sánchez con la Comisión Europea. También es una voluntad real de la parte socialista del Gobierno para que sea «una reforma laboral eficaz y duradera en el tiempo». «Somos conscientes unos y otros de la importancia de establecer un nuevo marco», dice Calviño, y por eso «van y vamos a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo «. Y lanza la vicepresidenta primera una advertencia a Yolanda Díaz: «El Gobierno debe hablar con una sola voz».