El juez Rafael Lasala puso contra las cuerdas a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya al tomarle declaración como imputada el pasado lunes en el juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, que investiga la entrada ilegal en España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, para tratarse de una grave afección de coronovirus en el hospital San Pedro de Logroño. Laya llegó hasta negarse seis veces a revelar quién autorizó la entrada de Ghali en España porque sería “desnudar la política exterior” pese a la insistencia del juez.
Lasala fue muy claro al explicarle que a él le vincula el tema del control, no la cuestión política. «Quién dijo que no se le controle?», le preguntó el juez a una nerviosa Laya. Las excusas de la exministra, acompañadas de clamorosos y prolongados silencios, colmaron la paciencia del juez. «Yo me rijo por los principios de legalidad en los procesos penales. Usted me está hablando no ya de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 sino de una especie de adaptación en virtud de un acuerdo de ministros de 2010 que según dijo el señor Villarino [exjefe de Gabiente de la ministra] no está ni publicado ni comunicado. Si estas son las reglas de juego, ¿yo cómo actúo?».