Agua Extracción ilegal de agua

El Seprona pilla a una empresa malagueña vendiendo ilegalmente 12 millones de litros de agua

La Guardia Civil investiga a 38 personas por captaciones ilegales de agua en la provincia de Málaga

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Imágenes de las intervenciones del Seprona durante la investigación por extracción ilegal de aguas en Málaga (Guardia Civil).
Antonio Quilis
  • Antonio Quilis
  • Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.

La lucha contra la extracción ilegal de agua ha escrito un sorprendente nuevo capítulo en las labores de vigilancia que viene realizando últimamente el Seprona.

En total se han esclarecido 20 delitos investigados en Málaga, entre ellos la extracción de forma continuada de 12 millones de litros de este preciado bien, en un periodo en el que la falta de agua estuvo azotando el sur de España y que, concretamente en esta provincia, se declaró el nivel de sequía persistente.

En concreto, el Servicio de Protección de la Naturaleza ha informado de dos docenas de aprovechamientos de «recursos hídricos con posible afección medioambiental» han desembocado en un total de 187 denuncias por infracciones a la normativa de aguas.

Investigadas 38 personas

Durante estas operaciones, la Guardia Civil ha investigado a 38 personas físicas y dos personas jurídicas por la comisión de delitos de usurpación de aguas públicas y contra el medioambiente.

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Las pesquisas se desarrollaron durante casi un año de operación policial en la que los guardias civiles han llevado a cabo 110 inspecciones de infraestructuras de extracción y manipulación de aguas, principalmente en pozos, sondeos y balsas de acumulación.

Cinco años de actividad

El principal delito investigado es el que atañe a una empresa de venta de materiales de construcción que durante al menos cinco años extrajo agua de pozos equivalente a un volumen de 12 millones de litros.

Según la información del Seprona, la supuesta extracción de este gran volumen de agua fue cometida durante al menos al menos 5 años, período en el que extrajeron agua de pozos para su venta y reparto ilegal con cisternas a viviendas, piscinas o para uso industrial.

2.400 cubas de agua

Los agentes estiman que, al menos, se utilizaron 2.400 cubas, «equivalente a un volumen de 12 millones de litros, y cuyos beneficios superarían los 240.000 euros, sin contar con el daño y perjuicio para el dominio público hidráulico».

En esta operación también se ha actuado sobre captaciones ilegales de aguas superficiales donde se han detectado «un total de 187 infracciones administrativas en materia de aguas, tales como, extracciones de agua sin autorización o en cantidades superiores a las autorizadas, carecer de contadores volumétricos para conocer los consumos o destinar agua a un uso no autorizado».

Más infracciones

También se han detectado otros tipos de infracciones como son la apertura de pozos o sondeos, la construcción de balsas y depósitos sin licencia urbanística o la transformación de suelo de cultivo de secano a regadío de manera ilegal.

Estas conductas se han visto agravadas por la situación hídrica existente durante meses en la provincia, que estaba declarada como «sequía persistente», estableciéndose incluso restricciones de agua en algunas zonas.

La investigación llevada a cabo por los agentes, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medioambiente de Málaga, ha contado también con la participación del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y de los Guardas Fluviales y agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

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El doble de actuaciones

Estas actuaciones del Seprona están encuadradas en un intenso trabajo de vigilancia que ha duplicado en los últimos cinco años sus actuaciones por delitos contra los recursos naturales y el medioambiente.

El Seprona notificó en 2019 un total de 3.818 infracciones penales, que en 2023 ascendieron a 6.532. Al mismo tiempo, las infracciones administrativas se han mantenido y rondan las 100.000.

El número de detenidos e investigados también ha aumentado en un 26% en el último quinquenio, pasando de 3.629 a 4.580, con una tasa de esclarecimiento de más del 81% 2023.