Borràs exige saber cuántos teléfonos hay ‘pinchados’: las escuchas fueron claves en su imputación

Laura Borrás, portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso de los Diputados, ha exigido al Gobierno conocer el número de escuchas telefónicas activas que mantienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de sus investigaciones. Se da la circunstancia que los ‘pinchazos’ a algunos de sus estrechos colaboradores son una de las pruebas clave en su imputación por un presunto delito de fraude, prevaricación y malversación al adjudicar contratos públicos a un amigo.

A Laura Borràs le queda por delante un futuro legal complicado. El Congreso se ha negado a frenar la tramitación del suplicatorio que llevará a la portavoz de JxCat al banquillo del Tribunal Supremo por malversación, prevaricación, falsedad documental en documento mercantil y fraude administrativo.

A Laura Borràs se la acusa de haber facilitado, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, la adjudicación presuntamente irregular de una serie de contratos a un amigo por valor de casi 260.000 euros. Y entre las pruebas en su contra que se han presentado a la investigación  figuran un buen número de grabaciones, obtenidas mediante escuchas policiales autorizadas por un juez, en el que algunos de sus estrechos colaboradores admiten irregularidades en las concesiones.

Se da la circunstancia de que una de las actividades parlamentarias más recientes de Borràs ha tenido que ver con las escuchas telefónicas: la diputada ha presentado en el Congreso una pregunta al Gobierno exigiendo saber cuántos ‘pinchazos’ se encuentran en marcha en estos momentos y por qué fueron renovados por parte de los jueces en pleno estado de alarma.

Borràs explica en su interpelación que la Audiencia Nacional ha dado luz verde a que continúen las escuchas telefónicas que estuviesen en marcha justo antes de la declaración del estado de alarma, sin aportar por parte de los investigadores «pruebas nuevas» que justifiquen la prórroga.

«Respeto a la separación de poderes»

Según le ha respondido el Gobierno a la diputada catalana, «la interceptación de las comunicaciones es una medida cautelar de carácter personal que incide directamente en la restricción de un derecho fundamental y, como tal, la normativa que regula tal figura establece, entre otros requisitos, que se practique por orden y mandato de la Autoridad Judicial, atribuyéndole a dicha Autoridad, el control y supervisión de la misma durante su práctica».

Advierte el Ejecutivo en su respuesta, además, que «el Gobierno ni puede ni debe emitir opinión alguna relativa a decisiones de los Tribunales ni de la Fiscalía, por impedirlo el más escrupuloso respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial, así como a la plena autonomía del Ministerio Fiscal, principio este esencial en todo Estado democrático de Derecho».

Borràs, al Supremo

La Mesa del Parlamento rechazó la pasada semana la reconsideración presentada por la propia Borràs contra la solicitud de la Sala Segunda del Alto Tribunal. Admitía así a trámite el suplicatorio, obligatorio para proceder penalmente contra ella por su condición de aforada. El acuerdo de la Mesa se apoyó en el informe de los letrados del Congreso de los Diputados favorable a conceder el permiso solicitado por el Supremo. 

«No hay mayor garantía en este momento de que tras la actuación del  Tribunal Supremo no existe intencionalidad política«, advertía el documento por el que la Mesa, previo trámite de audiencia de la Junta de Portavoces, acordó admitir a trámite el suplicatorio.

Contratos a dedo a un amigo

Los hechos por los que se le imputa se remontan a entre 2013 y 2017. La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga a Borràs por presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental en documento mercantil y fraude administrativo.

Hace varias semanas el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona solicitó al alto Tribunal que asumiera la investigación sobre la diputada, tras pedirlo previamente la Fiscalía provincial, debido a su condición de aforada. Fuentes judiciales explican a este periódico que «no existen dudas de que la competencia debe asumirla el Tribunal Supremo, puesto que es de conocimiento público y notorio que tiene condición de aforada».

Malversación y prevaricación

El documento que obra en poder de la Fiscalía centra la investigación en la diputada independentista por unos contratos concedidos –presuntamente– a dedo cuando Borràs dirigía la Insititució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018.

Los Mossos d`Esquadra, que han dirigido la investigación, han encontrado indicios de irregularidad en tres contratos concedidos por Borràs a un informático por valor de 45.550 euros. La investigación se centra en tres contratos concedidos, sin celebrar previamente concurso público, en 2015 por valor de 17.650 euros en concepto de «Migración de los contenidos del portal, diseño, programación y desarrollo»; otro en octubre del 2016, por valor de 11.850 euros en concepto de «Desarrollo del área del Festival Nacional de Poesía en el portal de la ILC»; y por último uno en febrero del 2017 por valor de 16.050 euros, en concepto de «Creación y mantenimiento de la web Any Bertrana».