Ayuso reclama a Marlaska 35 millones que ha pagado la Comunidad en atención sanitaria a presos

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior de Marlaska, el reembolso del coste de más de 13.000 facturas, que ascienden a unos 35 millones de euros, por atención sanitaria a presos de las cárceles madrileñas. Pide, en definitiva, el pago de esos 35 millones que ha adelantado la Comunidad de Madrid hasta el 31 de diciembre de 2023 en concepto de tratamientos sanitarios a la población reclusa en prisiones de la Comunidad de Madrid.

Según han asegurado fuentes del Sermas (Servicio Madrileño de Salud) a OKDIARIO, el total de facturas pendientes de pago por parte de Instituciones Penitenciarias, a fecha de cierre ejercicio 2023, ascienden a 13.234, que son por las atenciones sanitarias que la Comunidad de Ayudo  ha dispensado a los presos, dependientes del Ministerio de Marlaska. El Sermas añade que «cada factura, puede corresponder a una o varias atenciones, dispensadas a un recluso». El coste total de dichas facturas rondaría los 35 millones de euros.

Las citadas fuentes añaden que los hospitales de la Comunidad en los que se han prestado las atenciones sanitarias a los reclusos madrileños son 10:

• 12 de octubre
• Gregorio Marañón
• Infanta Leonor
• La Paz
• Móstoles
• Ramón y Cajal
• Severo Ochoa
• Getafe
• Príncipe de Asturias
• Hospital del Tajo

Asistencia de salud mental

Por lo que se refiere a la asistencia sanitaria de reclusos con trastornos de su salud mental es un serio problema social y de salud pública al que se le ha prestado una atención dispar a lo largo del tiempo en nuestro país. En los últimos años, el ratio en las cárceles españolas indica que España necesita un 70% más de médicos y que desde el Ministerio de Interior que dirige, Fernando Grande-Marlaska, no se ha hecho más que estrechar el cerco y dejar cubiertas sólo el 30% de las plazas, con lo cual en estos momentos, la situación sanitaria es realmente preocupante.

Además, como indica la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), en España, la atención sanitaria en los centros penitenciarios no cuentan como en las cárceles autonómicas, donde se han transferido las competencias sanitarias (País Vasco, Navarra y Cataluña), de unidades para psiquiatría, donde tienen al menos a dos profesionales que abordan este tipo de patologías, en la mayoría graves. Dependen de los centros de Atención Primaria en los que ya de por sí, la carencia de estos profesionales es alarmante.

Por ello, en la mayoría de las comunidades autónomas (CCAA), la atención sanitaria en los centros psiquiátricos penitenciarios tiene lugar en un contexto y dentro de una organización no sanitaria regimental, en la que el cuidado de la seguridad es prioritario sobre el cuidado de la salud de las personas.

Por otra parte, dentro de esta estructura, sólo hay dos hospitales en todo el territorio nacional, Sevilla y Alicante, donde se pueden internar a presos con patologías de Salud Mental, pero se debe hacer fuera de su entorno y, por supuesto, no todos pueden ingresar, ya que entre los dos, sólo acogen a 400 internos.

Esta sociedad señala que, hasta ahora, sólo Cataluña, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra tienen sus competencias en sanidad transferidas y sus sistemas sanitarios, autonómicos y penitenciarios, integrados. En el resto de las CCAA, Ceuta y Melilla, sin sus competencias transferidas, la sanidad penitenciaria está a cargo de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, a nivel nacional. «Este hecho genera diferencias significativas entre regiones que afectan tanto a la organización y estructuración como a la gestión de los servicios sanitarios, en detrimento de los penitenciarios en las CCAA sin competencias transferidas».