Ayuso anuncia otra rebaja de medio punto del IRPF que ahorrará 500 millones más a los madrileños
Con esta nueva reducción el tipo mínimo queda en el 8% y el máximo en el 20%
También ha anunciado que los condenados por ocupación no podrán acceder en cinco años a vivienda protegida

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes una nueva bajada de impuestos, concretamente la rebaja de medio punto del IRPF con su entrada en vigor prevista para 2027.
Esta medida, que ha avanzado en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum, se suma a la bajada de otro medio punto aplicada desde 2022 y tendrá un ahorro de cerca de 500 millones de euros para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes, mayoritariamente rentas bajas según las estimaciones del Gobierno regional.
Con esta nueva reducción el tipo mínimo queda en el 8% y el máximo en el 20% para sumarse a las 34 bajadas de impuestos que el Gobierno autonómico ya ha aprobado desde 2019 con Díaz Ayuso como presidenta madrileña.
Estas rebajas de impuestos en la región, mayoritariamente enfocadas a facilitar el acceso a una vivienda, han supuesto 40.000 millones de euros de ahorro -10.575 euros por cada madrileño- frente a las 100 subidas de impuestos introducidas por el Gobierno central desde 2018. Además, actualmente la Comunidad de Madrid tramita otras dos reducciones fiscales para 2026 en apoyo al relevo generacional en las empresas familiares.
La bajada de medio punto del IRPF, un compromiso electoral de Díaz Ayuso para esta legislatura, beneficiará principalmente a rentas bajas y con menor poder adquisitivo: el 71% serán madrileños con sueldos por debajo de la media (35.000 euros brutos anuales) según las estimaciones del Gobierno autonómico.
Además, el ahorro fiscal que tendrán será de 635 euros en relación con un contribuyente medio de Cataluña o de 555 euros con respecto a uno de Castilla-La Mancha.
«Impuestos más bajos»
La Comunidad de Madrid es el motor económico de España, casi el 20% del PIB nacional, líder en la creación de empleo, trabajadores afiliados o de inversión extranjera gracias a su política de impuestos bajos y ser desde hace cuatro años la única Comunidad Autónoma sin tributos propios.
Paralelamente, estas rebajas fiscales acumuladas suponen un impacto muy positivo para las arcas públicas dado que traen aparejadas un incremento de la recaudación, al generar un aumento de la actividad económica o la creación de empleos.
La nueva rebaja del IRPF anunciada ahora es independiente de la aportación invariable que la Comunidad de Madrid hace a la caja común para el sostenimiento de los servicios públicos del resto de regiones españolas. Es decir, se aplica sobre la parte tributaria cedida a las Administraciones autonómicas y que está recogida en la Constitución, que faculta a tener plena autonomía tanto en la gestión de su tramo autonómico del IRPF como en el resto de impuestos que el Estado tiene cedidos.
La Comunidad de Madrid ha iniciado este 2026 con dos nuevas bajadas de impuestos: una deducción del 50% de la matrícula para jóvenes menores de 30 años que estudian y trabajan, de la que se podrán beneficiar unos 15.000 madrileños; y una bonificación de hasta el 95% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios con solera, favoreciendo así la continuidad de negocios emblemáticos.
Ocupación ilegal
Isabel Díaz Ayuso también ha anunciado que las personas condenadas por ocupación ilegal no podrán acceder a un inmueble protegido en la región durante cinco años.
Esta medida se incluirá en el nuevo Reglamento de Vivienda, actualmente en fase de tramitación, que prevé un periodo de audiencia e información pública, y cuya aprobación está prevista para el mes de julio.
«Vamos a seguir reforzando nuestra lucha contra la ocupación a pesar de tener unas competencias limitadas», ha indicado la presidenta tras adelantar esta medida, que tiene como objetivo modernizar el marco normativo vigente, mejorar la eficacia de las políticas públicas en la materia y reforzar la defensa de la legalidad.
El texto establecerá que cualquier persona condenada por sentencia firme por los delitos de allanamiento de morada o usurpación de vivienda no podrá beneficiarse de una vivienda protegida si se produjo en los cinco años anteriores a la solicitud.
Además, y como novedad, la norma fijará el requisito de acreditar empadronamiento en la Comunidad de Madrid durante un periodo mínimo de 10 años antes de poder optar a una vivienda protegida. Esta condición pretende priorizar la vinculación estable con la región de los beneficiarios y asegurar que los recursos públicos se destinan a quienes contribuyen de manera continuada a su desarrollo.
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