Grabaciones comprometedoras

La Audiencia Nacional levanta el secreto del sumario del ‘Caso Villarejo’

El tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara ha estimado así sólo en parte el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra el levantamiento del secreto de esta pieza conocida como 'King'

El juez justificó levantar el secreto porque había "transcurrido un determinado tiempo desde el inicio del procedimiento" sin que los principales investigados de la causa, Villarejo y quien fuera su abogado, Rafael Redondo, hubieran tenido "aún conocimiento" de los hechos

Villarejo
El comisario José Manuel Villarejo (EP).

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este miércoles el levantamiento del secreto de la ‘operación Tándem’ salvo para la parte documental encriptada del material incautado al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara ha estimado así sólo en parte el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra el levantamiento del secreto de esta pieza conocida como ‘King’ que el juez instructor Diego De Egea ordenó el pasado 10 de agosto y que se había suspendido cautelarmente en espera de la resolución que ahora se produce.

El juez justificó levantar el secreto porque había "transcurrido un determinado tiempo desde el inicio del procedimiento" sin que los principales investigados de la causa, Villarejo y quien fuera su abogado, Rafael Redondo, hubieran tenido "aún conocimiento" de los hechos objeto de instrucción. En aquel momento ambos seguían en prisión, aunque Redondo acabó saliendo después de que el juez rebajase su fianza.

Para Anticorrupción, estaba "justificado" el "impedir el conocimiento de las diligencias que se hubieran practicado y las que pudieran practicarse, así como la posibilidad de intervenir en ellas" para seguir las indagaciones "sin interferencias o posibles manipulaciones dirigidas a obstaculizar la averiguación de nuevos hechos o el ocultamiento de bienes procedentes del delito".

Advertía también que levantar el secreto conllevaría "la desaparición de las cautelas" que había puesto el propio juez instructor en el mes de enero, cuando ordenó que la Policía Judicial informase de todo lo que encontrara en el análisis del material informático que pudiera "comprometer la seguridad del Estado" o afectar a sus instituciones.

Además, argumentaba que tener parte del material incautado encriptado "perturbaba" la investigación y "no era desdeñable pensar que que el acceso a la documentación localizada en los registros" por parte de los investigados "les permitiría fácilmente la apertura y destrucción" de esa información que aún permanecía oculta para los investigadores.

Sin embargo, la Sala da la razón a Fiscalía sólo en esta parte, porque "resulta obvio que haber encriptado el acceso a información telemática ingresada en un disco duro, en un equipo de lugar ignoto mediante una clave operada desde un portal de internet, realmente constituye una medida de seguridad de los investigados presuntamente sobre su actividad ilícita, reveladora de la magnitud de su importancia, lo que funda la pervivencia de la restricción". Mantiene así en secreto el material cifrado.

Sobre ese posible sensible sobre el Estado, el tribunal dice que Anticorrupción "no ha significado expresivamente elemento alguno cuyo conocimiento pueda atentar contra la seguridad del Estado en lo recibido en papel y tampoco en el examen parcial de los documentos insertos en soportes digitales".

En ese caso, dice la Sala, "debería expurgarse definitivamente del proceso penal, para lo que necesariamente se procederá a revisar los soportes digitalmente antes de hacer entrega a las partes para que no se pueda comprometer la seguridad del Estado o se impida compartir información que pudiera estar legalmente clasificada" dados los cargos que desempeñaba Villarejo.

Ya se filtran papeles

Sobre el resto del material, entiende que no hay razón para que las partes no puedan acceder tanto a la documentación en papel como a la digital que ya han sido analizadas, puesto que han "superado el primer filtro de los investigadores" y estos han venido remitiendo la información al Juzgado Central sin pedir que quedase excluida por tratarse de documentación clasificada.

Considera además, que "no cabe que puedan sustraerse al conocimiento de todas las partes" las futuras diligencias personales", porque "si se tiene acceso a las practicadas, las futuras, en clave de testimonio o declaración de otros imputados deben ser contradichas sin que ello implique una perturbación en la instrucción" sino "una convergencia de todas las partes".

Siete piezas separadas

En lo que respecta a la documentación digital no encriptada y pendiente de examen a futuro, sostiene que "no se observa merma alguna para el éxito de la instrucción por ejemplo, advirtiendo a otros posibles colaboradores" porque "son de superior relevancia" los vestigios de actividades ilegales" que se rastreen en esos soportes digitales.

Dice además, que desde el mes de julio "no se han contemplado otros proyectos ilícitos que precisen una pieza separada", basándose en el escrito de petición de prórroga, el recurso de agosto y el de ampliación de alegaciones del pasado 15 de octubre.

No obstante, este mismo mes de noviembre el juez De Egea ha abierto la séptima pieza de investigación que investiga pagos con fondos reservados al chófer del ex tesorero del PP para sustraerle documentación, y que se ha iniciado a partir de la misma documentación incautada a Villarejo desde el principio.

Abren una octava pieza

Además, el Juez De Egea ha abierto una nueva pieza, la 8, para investigar actividades del ex comisarioVillarejo en Marbella, asunto sobre el que hoy había sido citado a declarar pero finalmente su abogado ha alegado que problemas de salud desaconsejaban su traslado desde prisión.

Según han informado fuentes jurídicas, esta investigación se centra en un "asunto puntual" centrado en Marbella a raíz de una denuncia de una persona que reside en esa localidad malagueña.

Fuentes de su defensa, que ejerce el abogado Antonio José García Cabrera, han explicado a Efe que antes de la comparecencia solicitó al juez poder declarar por videoconferencia para evitar ser trasladado debido a los problemas de salud que sufre su cliente.

El juez se lo denegó y hoy finalmente el abogado ha pedido suspender la toma de declaración asegurando que Villarejo, en prisión desde hace un año, no se encontraba en disposición de acudir a la Audiencia Nacional a causa de los problemas de hipertensión arterial que padece.

Ante esta circunstancia, De Egea ha pedido al abogado que aporte el preceptivo informe médico para valorar su situación antes de volverle a citar en el marco de esta pieza, que al igual que la mayor parte de las que permanecen abiertas se mantiene bajo secreto.

No es la primera vez que el excomisario alega problemas de salud para no acudir a una cita judicial, el pasado julio fueron problemas de espalda los que motivaron que pidiera poder declarar por videoconferencia sobre las grabaciones entre él y la amiga del rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein, investigación que finalmente fue archivada.

En esa ocasión, el juez también rechazó su petición de declarar desde prisión y fue conducido desde la cárcel de Estremera (Madrid) a la Audiencia Nacional para dar su versión sobre esa conversación.

Tras esta toma de declaración, De Egea anunció que cabía la posibilidad de revisar su situación de prisión preventiva a la luz de "los informes médicos obrantes en autos y de los que se están realizando".

El juez hizo este anuncio tras conocer que Villarejo tuvo que ser hospitalizado de urgencia por la reacción a un medicamento, si bien fue dado de alta al día siguiente.

Finalmente De Egea le mantuvo en prisión, situación que ha ratificado recientemente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al irse "desvelando más indicios" que incrementan el riesgo de fuga.

Ese riesgo, señalaba el tribunal, no se había "minimizado" pese al embargo decretado en sus bienes "pues a falta del análisis de toda la documentación intervenida, no puede descartarse que existan más, cuya existencia ahora se desconoce y que podrían servirle para mantenerse fuera del país".

Persistía además, según la Sala, el riego de destrucción de pruebas por el material "pendiente de analizar" -gran parte aún por desencriptar- y del que pueden derivar "más líneas de investigación".

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