La Audiencia investigará por imprudencia las 5 muertes durante el apagón para ver si hay causa-efecto

La Audiencia Nacional investigará por un presunto delito de imprudencia las cinco muertes durante el apagón para ver si fueron provocadas por la crisis eléctrica. Por el momento, el juez José Luis Calama ha acordado abrir una causa de oficio para investigar si el apagón en la red eléctrica pudo ser un acto de sabotaje informático.

Fuentes judiciales aseguran que el juez Calama busca indicios de criminalidad en el origen del apagón. El instructor de la Audiencia Nacional planteó la posibilidad de incoar diligencias previas la misma tarde del apagón, el lunes 28 de abril, si bien quiso esperar un tiempo prudencial para abrir la investigación y acordó la apertura de diligencias un día después.

«Ha tenido que incoar diligencias previas debido a que se han afectado numerosos servicios públicos», explican fuentes judiciales en una conversación con este periódico.

A día de hoy no existe ninguna denuncia registrada en la Audiencia Nacional sobre el apagón. La investigación se ha abierto de oficio en un auto que recoge que la explicación facilitada por el Gobierno de que «se han perdido» de forma súbita, durante cinco segundos, 15 gigavatios de la energía que se estaba produciendo en ese momento, equivale al 60 % de la luz que se estaba consumiendo, siendo «algo que no había ocurrido jamás».

El juez busca ahora investigar si existen indicios de delito en el marco de la crisis energética. Según el auto de apertura de diligencias recogido por OKDIARIO, el juez de la Audiencia Nacional investigará si el apagón en la red eléctrica española pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas y que, en ese caso, encajarían en un delito de terrorismo.

«Los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales», esgrime el magistrado de la Audiencia Nacional.

Las muertes por el apagón

Fuentes judiciales señalan que, en caso de que haya fallecidos por el apagón, el juez podrá investigar por un presunto delito de imprudencia a los responsables de la crisis energética. Este delito ocurre cuando existe una falta de cuidado o de previsión y se causa un daño que la ley protege, sin haber querido o previsto ese resultado.

Se han producido, por el momento, al menos cinco muertes durante el apagón. La primera ha sido una mujer que falleció al incendiarse su casa por una vela en Madrid. También ha muerto una mujer de Alzira que estaba conectada a un respirador y ha habido tres fallecidos en Ourense por la mala combustión de un generador durante el apagón. A ellos también se suma un hombre de 86 años al incendiarse su vivienda en el barrio de la Argañosa de Oviedo.

«Se tiene que investigar si estos fallecimientos han sido a causa del apagón para poder imputar un delito de imprudencia y buscar a sus responsables, en caso de que no exista delito, la investigación tendrá que archivarse», explican fuentes jurídicas.

La Audiencia Nacional pide información

El magistrado de la Audiencia Nacional ha solicitado información para poder identificar las causas del apagón. El juez Calama ha pedido como primeras diligencias que el Centro Criptológico Nacional, Red Eléctrica y la Jefatura de Información de Policía elaboren informes sobre lo ocurrido.

El juez de la Audiencia Nacional ha dado un plazo improrrogable de diez días para que indiquen la o las causas que motivaron el apagón en la península ibérica. Fuentes de la Comisaría General de Información aseguran que se elaborará este documento con celeridad.

Una vez se remita la información, el juez de la Audiencia Nacional podrá indagar sobre si el Ejecutivo ha dado una correcta respuesta o si existe algún tipo de negligencia.

El juez de Pegasus

La investigación del apagón corre a cargo del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que dirige José Luis Calama. Este juez es el que investiga el caso Pegasus sobre un supuesto espionaje realizado con un software israelí a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros.

La investigación se reabrió hace un año al recibir nuevos datos de las autoridades francesas. El juez, al igual que en las diligencias del apagón, también ha pedido informes al Centro Criptológico Nacional que ya están en su poder.