Archivada la causa por desobediencia contra la separatista Anna Gabriel tras pedirlo la Fiscalía

La Audiencia de Barcelona ha emitido un auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que archiva la causa contra la ex diputada de la CUP Anna Gabriel. La ex política catalana estaba procesada por un presunto delito de desobediencia por las acciones relacionadas con la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017. La decisión la ha tomado el magistrado después de que la Fiscalía solicitase el sobreseimiento libre, además de que la acusación popular, Vox, tampoco presentó ningún documento en el plazo requerido.

«El tribunal dio traslado a las partes para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral o el sobreseimiento», ha explicado la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el escrito. Una vez realizado ese procedimiento, respondió la Fiscalía «instando el sobreseimiento libre por no ser los hechos constitutivos de delito en fecha 30 de junio de 2023». Por su parte, la defensa ha solicitado lo mismo.

Sin embargo, a la Audiencia Provincial que hubiera «pronunciamiento alguno de la acusación popular ejercida por el partido político Vox pese a figurar personada en autos y haber sido notificada de la correspondiente resolución». Por tanto, concluye que «tras el agotamiento del plazo han quedado las actuaciones pendientes de dictar resolución».

El auto, por tanto, «acuerda el sobreseimiento libre a favor de la investigada doña Anna Gabriel Sabaté, por no ser los hechos constitutivos de delito», además, «con archivo definitivo de las actuaciones».

Procesada hace seis años

Anna Gabriel fue investigada en primer lugar por un supuesto delito de rebelión en relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, por el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en diciembre de 2017. Apenas unos días antes de que el magistrado la citase para declarar, huyó a Suiza, en febrero de 2018. Ante su incomparecencia, el juez emitió un auto de detención, pero a diferencia de otros investigados, solo en España.

Un mes después, en marzo de 2018, Llanera acordaba rebajar las acusaciones a Anna Gabriel y se le acusaba solamente por desobediencia. Ese delito, de acuerdo con el Código Penal, se refiere a «las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales». Esos crímenes tendrán como castigo una «pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».

La ex diputada de la CUP siguió viviendo en Suiza durante varios años hasta que en julio de 2022 se presentó ante el Tribunal Supremo, órgano que le estaba investigando, para regularizar la situación judicial, ya que, tras huir a Suiza, había sido declarada en rebeldía por el juez. Después de esa comparecencia, el Alto Tribunal remitió la causa a la Audiencia Provincial.

Una vez que la Audiencia Provincial recibe este caso, solicita a las partes que se pronuncien sobre la causa. Es entonces cuando se pronuncia la Fiscalía y pide el sobreseimiento del caso, mientras que Vox, la acusación popular, no envió contestación a la Audiencia Provincial, que provocó que se archivase el caso.

Vínculos entre Rusia e independentismo

Esta decisión se había producido en noviembre de 2023, pero se ha conocido este viernes, sólo un día después de que el Parlamento Europeo aprobase una resolución para exigir a España que investigue los vínculos que existen entre el independentismo catalán y el país que lidera Vladímir Putin, Rusia.

El documento se ha aprobado con una amplia mayoría de las formaciones, entre las que estaban los socialistas españoles. El texto incluía una «profunda preocupación» de la Eurocámara por las «supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y la administración rusa». Además, advierte que esta trama «formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión de la UE».

En España hay abierta ahora mismo una causa judicial, el caso Voloh, en fase de instrucción, en la que el magistrado Joaquín Aguirre investiga los vínculos del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su círculo con ex espías rusos.

De acuerdo con las evidencias aportadas al juez, el servicio secreto ruso habría ofrecido a los secesionistas catalanes apoyo económico y militar para la independencia a cambio de que, posteriormente, convirtieran la hipotética nación en un paraíso para las criptomonedas.