Aragonés excluye de la amnistía a los policías procesados por las cargas del 1-O

El president de la Generalitat, Pere Aragonés, ha dejado bien claro que la ley de amnistía que el independentismo exige a Pedro Sánchez para iniciar las negociaciones sobre su investidura no incluirá a los policías procesados por las cargas del 1-O. «No ha habido ningún policía encarcelado, inhabilitado o en el exilio», ha dicho Aragonés distinguiendo a los agentes de los políticos condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El traje a medida que exigen Junts y ERC a Pedro Sánchez para la ley de amnistía facilitadora de la investidura del presidente en funciones socialista incluye muchos matices. El presidente de la Generalitat ha señalado que este perdón y olvido a los encausado por el 1-O no puede incluir a los policías que tienen causas abiertas por las cargas del 1 de octubre de 2017.

En cambio, ambas formaciones han defendido que todo independentista juzgado y condenado, o los que tienen todavía las causas abiertas, puedan ser perdonados. Eso incluye a la corrupta Laura Borràs. La ex presidenta del Parlament fue condenada a 4 años de cárcel y 13 de inhabilitación por un caso de corrupción que nada tenía que ver con el 1-O.

45 policías procesados

Pere Aragonés quiere la amnistía para los independentistas que provocaron los alterados del 1-O, que forzaron cerraduras, agredieron a la policía y, en definitiva, plantaron cara al Estado para quebrar el Estado de derecho. Sin embargo, quiere limitar esa ley. No incluirá, según Aragonés, a los policías acusados por las cargas del 1-O.

La Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona se presentaron como acusación particular y lograron el procesamiento de 45 agentes de policía. El auto del juez instructor detalla los incidentes sucedidos aquel día en los colegios que los independentistas utilizaron para realizar la votación ilegal. Entre otras cosa, el magistrado señala que «claramente los responsables del operativo policial no cumplieron sus obligaciones de supervisión de la acción de los agentes bajo su responsabilidad, ya que, como se ha dicho en resoluciones anteriores en este juzgado y por diversos autos de la Audiencia de Barcelona, la actuación policial fue claramente desproporcionada en general».

Los sindicatos policiales acusaron en ese momento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no defender a los agentes encausados por el 1-O y calificaron todo como una «cacería judicial», que ahora Aragonés quiere mantener fuera de la ley de amnistía.

Mensaje a Junts

Por otro lado, el president Aragonés ha lanzado un dardo envenenado a Junts. Sabedor de que la pieza clave en la negociación es el partido del prófugo Carles Puigdemont, Aragonés no quiere que ERC se vea en un segundo plano. Por eso, asegura que «quien negocia en nombre de Cataluña cualquier cuestión que afecte al estatus político de Cataluña, es su Govern».

En una entrevista en El Periódico, Aragonés ha dicho que espera que con las negociaciones para una posible investidura de Pedro Sánchez «se pueda abrir una segunda fase del proceso de negociación con el Estado y que esta sea la legislatura en la que se aborda la resolución del conflicto político entre Cataluña y España».

Según él, la amnistía es «un paso necesario, pero no suficiente para resolver el conflicto político», y ha considerado que se deberán poner en marcha mecanismos para que los catalanes puedan votar en un referéndum de autodeterminación.

Ha apuntado que si se consigue la amnistía «tiene que haber otros acuerdos que creen el marco para avanzar en la resolución del conflicto», y que en este momento las partes tendrán que ofrecer sus propuestas y asumir sus compromisos