Guerra califica el indultazo de Sánchez a los golpistas del 1-O de «acto ilegal»

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Juanan Jiménez
  • Juanan Jiménez
  • Responsable de la mesa de coordinación. Especializado en información nacional e internacional, breaking news, periodismo de datos y visualización, también escribo sobre motor y tecnología.

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha sido el último histórico dirigente del PSOE en unirse a las críticas al indulto que Pedro Sánchez quiere conceder a los golpistas del 1-O. Guerra ha asegurado que es «políticamente indeseable» conceder esta medida de gracia a los políticos condenados por el golpe de Estado en Cataluña y que sería un «acto ilegal» tras el informe del Tribunal Supremo, contrario a los mismos.

Felipe González, Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara, Odón Elorza, todos ellos voces autorizadas del PSOE se han mostrado contrarios a la medida que quiere impulsar Sánchez desde La Moncloa como pago a los independentistas por su apoyo para mantenerle al frente del Gobierno.

Los barones regionales socialistas ya hacen sus cuentas y el panorama no es el mejor para su futuro político. Tras las elecciones del 4M y el arrollador triunfo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, temen que el efecto Ayuso se traslade al resto de comunidades. Si a eso se le añade el trato preferente a los independentistas catalanes con una medida como el indulto, la sangría de votos en Extremadura o Castilla-La Mancha está prácticamente asegurada.

Guerra ha asegurado este jueves que se ha instalado en la opinión pública la creencia «equivocada» de que los indultos «son de libre disposición del Gobierno, que los puede decidir el Gobierno como quiera, y eso no es verdad». Así lo ha aseverado el veterano político socialista en el turno de preguntas de una conferencia que ha pronunciado en el Auditorio Municipal ‘Rafael de León’ de Tomares (Sevilla), en el marco del Foro ‘España a Debate’.

En ese sentido, ha subrayado que la Ley de Indultos «establece unas condiciones para que se pueda llevar la decisión al Gobierno, y luego el Gobierno tiene la capacidad de decisión», y, en concreto, «el artículo 25» de dicha ley «establece que debe haber un informe prescriptivo, obligatorio, del tribunal sancionador, el que juzgó» a los condenados objeto de indulto, que «tiene que deber decir si se cumplen o no las condiciones que establece la ley».

En este caso, en el informe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según ha continuado el ex vicepresidente, al respecto de estos posibles indultos deberían «especificarse las pruebas o indicios que hayan podido observarse del arrepentimiento del penado», y «el tribunal sancionador lo ha dicho con toda claridad: no hay arrepentimiento».

Incluso algunas de las «personas penadas han llegado al colmo» cuando el tribunal les ha solicitado «si tenían algo que añadir, y han dicho que ‘no tengo nada de qué arrepentirme y lo haré otra vez’». «Ésa es la condición contraria de la que exige la ley para dar el indulto», ha alertado Alfonso Guerra.

Ha añadido que «si el tribunal dijera que un señor ha cumplido todos los requisitos de expresar arrepentimiento, de que no va a volver a repetirlo, el Gobierno puede decir que le da el indulto o que no se lo da, ahí sí es de libre disposición, pero si el tribunal dice que no reúne las condiciones de arrepentimiento, el Gobierno no puede dárselo».

«Ni el propio Gobierno se da cuenta de que, si dice eso el informe (del Supremo), no se lo puede dar (el indulto), sería un acto ilegal», ha afirmado Alfonso Guerra, que también ha puesto de relieve que «los indultos son individuales, la ley establece que la petición de indulto es para un penado», y, en este caso, «todas las peticiones que han hecho son colectivas» para los presos «del ‘procés’», algo que «también anula la capacidad de esa petición» de indulto, según ha sostenido el que fuera también vicesecretario general del PSOE en la etapa de Felipe González como secretario general.

Así las cosas, Alfonso Guerra ha dicho tener «clarísimo que el indulto no se puede dar, y no se debe dar políticamente». «Políticamente es totalmente indeseable, y jurídicamente no es legal», ha zanjado.

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