El abogado que ganó una querella por un caso similar al de Begoña: “Conseguí un año de cárcel”

Vicente Ibor, abogado valenciano que llevó el caso de malversación en el Ayuntamiento de Paiporta, establece claros paralelismos con la situación de Begoña Gómez y ha advertido que existen precedentes judiciales sólidos para condenas por el uso puntual privado de recursos públicos.

El letrado, en una entrevista en OKDIARIO, ha señalado que el caso de la esposa del presidente del Gobierno presenta elementos «aún más descarados» que los que condujeron a sentencias firmes ratificadas por el Tribunal Supremo en el municipio valenciano y otros.

El caso de Paiporta, que Ibor dirigió cuando era portavoz de la oposición en ese ayuntamiento, versaba sobre «la utilización para fines particulares de recursos públicos». El alcalde de entonces, del PSOE, estaba acusado de utilizar personal, material, gasolina y vehículos municipales para el mantenimiento de su chalet personal en Montserrat, un pueblo cercano a Paiporta.

Aunque el alcalde fue absuelto, su esposa, que era concejala del Ayuntamiento de Paiporta, fue condenada por malversación. Fue una condena a un año de prisión a la edil del Partido Socialista que «utilizó recursos públicos, es decir, operarios del propio Ayuntamiento para la limpieza de su chalet y un camión para hacer una mudanza particular de su casa».

Jurisprudencia

«Fue un solo hecho, pero quedó absolutamente probado y patente que utilizó un recurso público para beneficio privado», ha subrayado Ibor. Lo más significativo es que el Tribunal Supremo ratificó la condena en el recurso de casación, sentando jurisprudencia sobre la materia.

El letrado destomonta el argumento de que con Begoña Gómez estemos ante favores puntuales sin relevancia penal. Ha recordado una sentencia muy famosa de los años 80 «en la cual hay una condena a un funcionario público por malversación de caudales públicos, por la utilización de un sello de Correos, que era propiedad pública». Esta jurisprudencia demuestra que la cuantía no es determinante para la configuración del delito.

«Con que haya una única utilización de un servicio público o de un dinero público, de un empleado o de una persona pagada con dinero público para un uso nuestro particular, en sí mismo, ya consuma el delito de malversación», ha afirmado Ibor categóricamente.

El abogado ha sido contundente al comparar ambos casos: «En el caso de la mujer del presidente del Gobierno es aún más descarado porque se estaba llamando desde el teléfono de Moncloa en horario de trabajo, se estaba usando un correo de Moncloa y se usaba personal propio de Moncloa». Esta circunstancia, según el letrado, hace que la utilización de recursos públicos sea más evidente que en el caso de Paiporta, donde los operarios municipales fueron cazados porque llevaban camisetas identificativas del consistorio.

En cuanto a las posibles penas, Ibor ha estimado que en el caso de Begoña Gómez «estaríamos hablando de un delito continuado de malversación de caudales públicos», puesto que no se trata de un caso puntual.

«El delito continuado tiene la pena la mitad superior, entonces en ningún caso podría ser un año. Estaremos hablar de penas bastante superiores a un año», ha precisado.

El abogado ha señalado que la responsable sería «la que ha dado la orden y ha utilizado ese recurso público para un beneficio particular, que es Begoña Gómez». En su opinión, la persona que contrató a la asesora de Moncloa lo hizo para un puesto concreto que no incluía «la realización de trabajos personales para la mujer del presidente».

Error de Camacho

Sobre la estrategia de defensa de Begoña Gómez, Ibor muestra sus reservas respecto al reconocimiento de los hechos sobre «favores» pero «puntuales», no puede evaluar el trabajo de un compañero sin conocer todos los detalles. «Quizás hubiera sido prudente, ni siquiera aceptar esta circunstancia, porque desde luego yo, si fuera clienta mía Begoña Gómez, en ningún caso le hubiera recomendado reconocer que eso se ha producido», ha manifestado.

El letrado también ha llamado la atención sobre el desproporcionado despliegue defensivo: «Aquí en la defensa no la está ejerciendo sólo el abogado de Begoña Gómez. Es que la Fiscalía está actuando de Defensa y la Abogacía del Estado también».

Respecto a las posibles reformas legislativas que podrían beneficiar a la investigada, Ibor ha advertido de que «el riesgo existe». Ha recordado los indultos de casos «absolutamente gravísimos» y la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la del Tribunal Supremo sobre los ERE de Andalucía. La reforma que pretende acabar con la acusación popular y traspasar la instrucción a la Fiscalía supondría, en su opinión, «un ataque frontal a la independencia judicial».

El abogado ha calificado esta iniciativa como una «ley ad hominem», una fórmula anacrónica desde el derecho romano que está «absolutamente cuestionada y prohibida por cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento jurídico».

La experiencia del caso de Paiporta, que fue «larguísimo» y «desagradable», dejó en Ibor una sensación agridulce: condenas menores y responsabilidades civiles relativamente pequeñas tras un gran esfuerzo. Sin embargo, el letrado ha insistido en la importancia de denunciar estas irregularidades porque «lo que está en juego es la credibilidad de la propia clase política». El paralelismo entre ambos casos queda establecido, aunque el desenlace judicial de la investigación a Begoña Gómez aún está por escribirse en los tribunales.