El alegato del abogado de Begoña: «Desde el fin de la Inquisición, nunca vi una investigación así»

El letrado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, pronunció una contundente defensa durante la comparecencia del 6 de octubre de 2025 en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, denunciando que «desde que desapareció la Inquisición a principios del siglo XIX, nunca había yo conocido una investigación del carácter y del tenor de la que está sufriendo» su representada.

Tal como demuestra el vídeo de la sesión que desvela OKDIARIO, el abogado y ex ministro exigió el archivo de la causa por ausencia de indicios delictivos y cuestiona que «el hecho de que su marido sea el presidente del Gobierno pueda justificar una investigación universal» de toda su vida personal y profesional.

La intervención, que duró aproximadamente 40 minutos, se produjo durante la comparecencia prevista al pasar el caso a Tribunal del Jurado, un trámite en el que las partes deben posicionarse antes de que se decida si el procedimiento continúa ante un jurado popular.

Camacho arrancó su alegato señalando un defecto formal que considera fundamental: la resolución judicial que dio paso a esta comparecencia no recoge los indicios necesarios. «Si acudimos a la resolución que se nos notificó el 2 de octubre, la semana pasada el auto de 1 de octubre, nos encontramos con que en ninguna parte de su fundamentación jurídica se recogen los indicios que debieran fundamentar esta comparecencia», manifestó.

Añadió que el fundamento jurídico dedicado a los indicios tiene «exactamente siete líneas» y utiliza el condicional: «Pudiéramos encontrar indicios racionales fundados y sólidos. Pero no se recoge ni un solo indicio».

El abogado dedicó especial atención a rebatir la relevancia de las «cartas de apoyo» que Begoña Gómez firmó como directora de la Cátedra. Dice que estos documentos se refieren a contratos que «fueron abocados a la Fiscalía Europea» y ya no forman parte de este procedimiento.

«Dichas cartas no recomiendan a las empresas del señor Barrabés ni las presentadas por mi cliente», enfatizó. Compara estas cartas con las firmadas por «empresas tan serias y conocidas como Microsoft o como IBM», señalando que «en la lógica empresarial, cualquiera entiende que Microsoft es una empresa cuyo producto está presente en todas las empresas. No iba a primar a unas empresas en contra de las otras».

También mencionó que el Ayuntamiento de Madrid, «una institución tan seria», firmó una carta similar y fue adjudicatario de varios de los contratos investigados. «Quien sostenga que mi cliente tiene alguna responsabilidad por unas cartas que no están en el procedimiento, debería instar el ejercicio de acciones penales contra el Ayuntamiento de Madrid», ironizó.

El letrado explicó, en un giro sorprendente, que estas cartas «simplemente recomendaban el objeto del contrato. Lo que se iba a obtener. Y había un compromiso de colaborar con el mismo, pero no se recomendaba a un empresario en concreto».

El abogado denuncia que se está realizando una «investigación prospectiva», es decir, una pesquisa sin indicios previos que busca encontrar delitos donde no los hay.

En cuanto a la apropiación indebida del software desarrollado en el marco de la cátedra, la defensa planteó una cuestión técnica: «Si la apropiación indebida es de la propiedad intelectual aneja al nombre Transformación Social Competitiva, a la marca o al software, eso no está en el delito de apropiación indebida».

El letrado argumentó que Gómez «no se ha apropiado de un software que no ha empezado a funcionar» y que «tampoco se ha apropiado del término Transformación Social Competitiva, que ella misma inventó».

Sobre el supuesto ánimo de lucro necesario para el delito patrimonial, planteó una pregunta retórica: «Una señora cuyos ingresos anuales ascendían a 15.000 euros, que no cobraba absolutamente un euro por la dirección de la cátedra. ¿De dónde obtenía el ánimo de lucro con un software que iba a ser gratuito?». Obvia que creó una empresa SL para canalizar los beneficios con el software.

El abogado concluyó, como avanzó en primicia OKDIARIO, su intervención con solemnidad: «Aquí no estamos haciendo política, se está haciendo derecho. Y cuando se hace derecho se cita la norma infringida. Probablemente, deberíamos todos leernos más el delito, más que ver el objetivo de lo que pretendemos».

Solicita así formalmente «el auto de sobreseimiento libre, por no ser los hechos constitutivos de delito», advirtiendo que permitir la continuación del procedimiento sin indicios constituiría «una resolución injusta» que no tutela «como exige la Constitución, los derechos de los ciudadanos». Amenaza veladamente al magistrado Juan Carlos Peinado de una nueva denuncia por prevaricación.

La comparecencia puso de manifiesto un choque frontal entre la visión de la acusación popular, que ve indicios suficientes para continuar, y la del Ministerio Fiscal y las tres defensas, que consideran el procedimiento como una suerte de cacería judicial sin sustento probatorio a pesar de las múltiples evidencias. El juez instructor deberá ahora resolver si archiva la causa o la remite al Tribunal del Jurado, una decisión que marcará el futuro político y judicial de uno de los casos más mediáticos de los últimos años.