Bronca en la sala de vistas de Peinado: el abogado de Begoña Gómez exclama que «esto no debe ser política”

El magistrado Juan Carlos Peinado ha presidido este lunes una vista de tres horas y media en el caso Begoña Gómez marcada por encendidos discursos jurídicos. Uno de ellos el abogado defensor de la esposa del presidente, Antonio Camacho. La sesión, que se ha prolongado desde las 17:30 hasta las 21:00 horas, ha puesto de manifiesto las posiciones encontradas entre las partes: mientras la defensa y la Fiscalía han solicitado el archivo de la causa, las acusaciones populares han reclamado la práctica de nuevas diligencias como la declaración de Pedro Sánchez.

«Esto no debe ser política, es derecho», ha proclamado Camacho, ex ministro del Interior con José Luis Rodríguez Zapatero, en un alegato que pretendía desmarcar el procedimiento judicial de connotaciones partidistas. Sin embargo, el letrado ha trufado sus intervenciones de comentarios relativos a asuntos partidistas, generando cierta perplejidad entre los presentes. Su compañero Chema de Pablo, defensor de la asesora de Begoña Gómez, ha hablado de afinidades políticas de los protagonistas del caso.

La vista ha servido para delimitar el futuro del procedimiento. Peinado deberá decidir ahora si archiva parcial o totalmente la investigación, si amplía la instrucción otros seis meses –como sería previsible aunque sea para esperar a los recursos ante la Audiencia Provincial y las diligencias pendientes– o si concluye ya el procedimiento y lo eleva a juicio.

Entre las diligencias pendientes destaca la posible declaración del presidente Sánchez. El jefe del Gobierno ya fue citado a declarar por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de su esposa, aunque evitó responder al magistrado al ser su esposa, familiar directo, la principal investigada.

Sin embargo, Sánchez podría ser convocado de nuevo para declarar sobre el papel de la concesión de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y las cartas de recomendación al Grupo Barrabés. La acusación sostiene que pudo existir tráfico de influencias para que Begoña Gómez, sin titulación universitaria oficial, codirigiera ese proyecto académico.

Las acusaciones populares tienen divergencias notables en sus planteamientos. Mientras algunas mantienen un perfil más político, otras se centran en aspectos técnicos y jurídicos. «Hay que ser más contundente», han sostenido algunos letrados para evitar que la causa se desdibuje por no haber recabado más pruebas concluyentes.

El magistrado tiene muy estudiados los asuntos técnicos, especialmente la presunta apropiación indebida del software desarrollado en la UCM con financiación pública y empresarial. Fuentes jurídicas consultadas señalan que Peinado podría cerrar la instrucción próximamente para que se celebre el juicio con jurado, aunque le queda un año para jubilarse.

En todo caso, las acusaciones no temen que llegue un nuevo juez. Consideran improbable que un magistrado sustituto tenga un criterio diametralmente opuesto al actual instructor. De hecho, lo previsible es que la instrucción se prorrogue, ya que quedan diligencias por recibir –ya acordadas, como la información requerida a Amazon– y el plazo de seis meses concluye en breve.

Durante la sesión se ha debatido si mantener separadas las piezas del procedimiento: por un lado, la malversación relacionada con la contratación y la actividad de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en negocios privados; por otro, el asunto de la cátedra de la UCM y la apropiación del software.

La Fiscalía y las defensas niegan la existencia de las pruebas evidentes sobre la apropiación del software. A los documentos que hay en el sumario –como el registro de la marca en la Oficina de Patentes, el registro del dominio web o la creación de una SL– no les den valor.

Otra diligencia clave sería la declaración de los miembros de la mesa de contratación de Red.es a favor del empresario Juan Carlos Barrabés. Aunque esa parte está en manos de la Fiscalía Europea, por contener fondos comunitarios, algunas de las acusaciones populares ven imprescindible que sí declaren ante Peinado como estuvo previsto.

Resulta capital determinar si la UCM se persona como perjudicada para evitar figurar como investigada. Cabe recordar que el rector Joaquín Goyache fue quien visitó el Palacio de la Moncloa y dio el visto bueno a la creación de la cátedra extraordinaria, pese a que la codirectora carecía de titulación universitaria oficial. Por el momento no lo ven conveniente a pesar de la oferta de Peinado. No creen que aún esté acreditado el daño patrimonial al centro docente público.

También Juan Carlos Doadrio, vicerrector durante los hechos, podría pasar de testigo a investigado. Él estaba en el día a día de la cátedra y dio el visto bueno a hitos como los convenios con empresas reguladas que dependen de decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

El abogado de Cristina Álvarez ha mostrado su extrañeza porque los dirigentes de la UCM, por lógica, no estén imputados. Ha señalado especialmente a Doadrio. No obstante, eso puede dejar entrever una estrategia de defensa que trasladaría la responsabilidad a los gestores universitarios y no a la asesora de Moncloa.

El abogado de Gómez ha sostenido que su defendida actuó sin ánimo de lucro, pese a que Begoña Gómez creó una empresa de sociedad limitada para canalizar los ingresos de empresas a las que asesoraría con consultorías en materia de objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Peinado ha comunicado a las partes que se tomará un tiempo para valorar las peticiones antes de dictar una resolución motivada a fondo. Podría emitir un auto para confirmar que el procedimiento de diligencias previas pasa a procedimiento de Tribunal del Jurado, dado que los delitos investigados se juzgan por esta vía.

A continuación se presentarán recursos de apelación ante la Audiencia Provincial. Los tres magistrados de la sección que revisan las decisiones de Peinado podrían perfilar la investigación, ordenando profundizar en algún aspecto o excluyendo otros hechos de la causa.

Ni Begoña Gómez ni el resto de investigados han acudido a la vista, delegando en sus abogados. Fuentes jurídicas restan importancia a estos plantones, calificándola de un derecho que se puede no ejercer y que no conlleva sanción alguna.

Sí ha sorprendido la presencia de los servicios jurídicos de la UCM, que se han marchado a la mitad de la vista. La universidad realizó un informe exprés que concluía que no podía determinar si hubo perjuicio económico, y decidió esperar a que la justicia recabe todos los datos antes de ejercer acciones penales.

Las fuentes consultadas califican la UCM podría optar por una estratagema para irse de rositas, evitando que los dirigentes de la universidad tengan reproche penal cuando fueron ellos quienes abrieron las puertas a Begoña Gómez. Dieron visto bueno a impulsar una licitación pública para desarrollar un software destinado a ayudar a empresas a cumplir con los objetivos del Gobierno a cambio de subvenciones.

Fuentes presentes en la vista describen a Peinado como tranquilo durante toda la sesión. El magistrado prácticamente no ha intervenido más que para ordenar los turnos de intervención y no ha adelantado qué decisión tomará. Se abre ahora un periodo en el que el juez estudiará las intervenciones de todas las partes y decidirá sobre el curso del procedimiento que hace tambalear el Palacio de la Moncloa desde hace meses.