La Fiscalía pide archivar la causa contra Begoña Gómez porque «la mera relación conyugal no es delito»

La Fiscalía ha vuelto a solicitar el archivo de la causa judicial contraBegoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al considerar que no existen pruebas ni indicios suficientes que justifiquen mantener abierta la investigación por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo o apropiación indebida.

El escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, llega tras la vista celebrada para concretar las imputaciones contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, en relación con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados asistieron a la comparecencia.

«La mera relación conyugal no es delito»

En su informe, el fiscal recalca que «la mera relación conyugal» con Pedro Sánchez «no puede operar como una suerte de presunción» de que Gómez haya cometido algún delito.

“Más allá de consideraciones éticas o estéticas, esa relación no puede traducirse en un prevalimiento delictivo”, sostiene el Ministerio Público, que insiste en que no hay rastro de tráfico de influencias ni de ninguna actuación que implique un beneficio económico o ventaja para la esposa del presidente.

Según la Fiscalía, la acusación carece de base: «No hay elemento objetivo ninguno que permita afirmar que Gómez se ofreciera a ejercer su influencia o recibiera sobornos o contraprestaciones de ningún tipo»

Críticas al juez y petición de sobreseimiento

El fiscal también cuestiona el enfoque del juez Juan Carlos Peinado, al que reprocha que su instrucción se sustente en «hipótesis fabulosas y presunciones en contra de los investigados». «No se puede forzar el tipo penal ni construir delitos sobre conjeturas», afirma.

Por ello, el Ministerio Público solicita el sobreseimiento libre de la causa, como ya hizo en la pieza separada por presunta malversación.

El fiscal descarta asimismo los demás delitos que pesan sobre Gómez. En el caso del intrusismo, afirma que la firma de documentos en la UCM se hizo por indicación de la propia universidad. Sobre la apropiación indebida del software desarrollado en la cátedra, sostiene que no existió ánimo de lucro y que el proyecto perseguía una finalidad social.

En cuanto a las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, presuntamente beneficiadas por la relación con Gómez, la Fiscalía cita un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que detectó irregularidades administrativas, pero no ilícitos penales. «Se trata de defectos formales en la contratación pública, no de delitos», apunta.

Un caso sin pruebas para la Fiscalía

El Ministerio Público concluye que no existen elementos objetivos de criminalidad contra ninguno de los tres investigados y que las pesquisas no han demostrado ningún enriquecimiento ni tráfico de influencias real. «La mera presencia de una persona no puede considerarse influencia sin más», insiste el fiscal, quien recuerda que el supuesto beneficio económico «ni siquiera ha sido determinado».

El juez Peinado deberá ahora decidir si acepta la petición del Ministerio Público o si mantiene abierta una investigación.