El 28-A trunca la reforma del indulto y deja vía libre a Sánchez para aplicarlo a los golpistas

La convocatoria anticipada de las elecciones favorece, indirectamente, la aplicación del indulto a los golpistas catalanes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Una posibilidad que el presidente socialista nunca ha negado expresamente.

Esto es así porque, una vez que la convocatoria de elecciones se publique en el Boletín Oficial del Estado y se produzca la disolución de las Cortes, la iniciativa legislativa en el Congreso decae. Y con ello también la reforma de la ley del indulto que actualmente se tramitaba en la Cámara Baja.

La reforma fue presentada por los propios socialistas, en 2016, para prohibir indultos a condenados por violencia de género y corrupción. Sin embargo, el punto inesperado, y más conflictivo, para el Gobierno de Sánchez, era una enmienda en la que el PP solicitaba eliminarlo también en el caso de delitos graves como la rebelión, y que tenía que ser debatida y votada. 

El PSOE -que preside la Mesa de la Comisión de Justicia y tiene mayoría con ERC- ha tratado de dilatar en este tiempo el curso de la reforma. Especialmente, para evitar esa enmienda, que cerraría la puerta a conceder la medida de gracia a los dirigentes catalanes independentistas, una vez sentencie el Tribunal Supremo. Una opción que Sánchez trata de mantener viva, considerando que, tras las elecciones, únicamente podría reeditar una mayoría si suma con estas formaciones.

Para dilatar ese trámite, el PSOE ideó hace unas semanas, por ejemplo, abrir una ronda de consultas con expertos. La mayoría afines a mantener intacta la prerrogativa. Hace sólo unos días, y antes de conocerse el adelanto, en fuentes parlamentarias, como informó OKDIARIO, se especulaba con la posibilidad de retirar finalmente la reforma. O bien alterarla tanto que se cambiase su sentido original. Es decir, prescindiendo incluso de la opción de indultar a maltratadores y corruptos, y manteniendo un texto de mínimos con cuestiones procedimentales. Esto es: estableciendo la obligación de que el Gobierno de turno deba motivar debidamente la concesión del indulto, exigir “razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado» o que la concesión se haga por Real Decreto, publicado en el BOE. Al decaer la iniciativa, Sánchez se libra definitivamente del debate de la enmienda que le resultaba tan incómoda.

El indulto es una prerrogativa del Gobierno y uno de los escenarios que baraja el Ejecutivo socialista.

El Gobierno no lo niega

La posibilidad de conceder la medida de gracia ya ha sido sondeada en varias ocasiones, con declaraciones desde el propio Gobierno y también desde el PSOE, con Meritxell Batet -la ministra ‘para Cataluña’- y Miquel Iceta como principales defensores.

Precisamente, este lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado que «como jurista» le parece inapropiado valorar esa opción, pero no se negó a ella. Es más, se mostró partidario de analizarlo «cuando haya una sentencia» y «si se solicita».

«Tras esos trámites previos, yo podría analizar la figura o la posibilidad del indulto; mientras tanto me parece absolutamente improcedente», aseguró en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

Desde los partidos de la oposición se preguntan también si Sánchez concederá indultos, en caso de volver al Gobierno.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, retó este domingo al presidente socialista a aclarar antes de las elecciones si «va a respetar a la justicia o va a conceder» esta medida de gracia «si se condena a los golpistas». 

«No quiero venganza ni impunidad. Si se condena a los golpistas, que cumplan su condena como cualquier otro ciudadano español», dijo durante un acto en Barcelona ante unas 600 personas.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, se ha mostrado en reiteradas ocasiones convencido de la intención de Sánchez de indultar a los presos del ‘procés’. Precisamente, fue su partido el que promovió la enmienda para evitarlo. Los ‘populares’ amenazaron en su día al Gobierno con una proposición de ley para impedir que indultos a los condenados por rebelión o sedición, que, finalmente, se retiró al desbloquearse en el Congreso el debate de la reforma que ahora decae.