El Gobierno aprueba el reglamento par publicar los bienes de 1.000 cargos del PP y el PSOE

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto con el reglamento que permitirá la publicación mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las declaraciones de bienes patrimoniales de más de 1.000 altos cargos de este Ejecutivo y del anterior.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, se trata de 1.500 registros referidos a 1.062 altos cargos, de los cuales 38 son o han sido ministros, 74 secretarios de Estado y 18 cargos asimilados, aparte de subsecretarios, directores generales, presidentes de empresas públicas, miembros de organismos reguladores y Casa Real, entre otros.

En total, se publicarán los bienes de todos los altos cargos que hayan tomado posesión o cesado desde el 1 de julio de 2014 hasta el 26 de junio de 2018, incluidos los presidentes del Gobierno.

Incluídos los presidentes

Celáa ha destacado que con esta normativa el Gobierno «avanza por la línea de la transparencia, que es la única fórmula aceptable para avanzar en democracia» y lo hace en mayor grado que los anteriores Ejecutivos, de hecho «como ningún otro en la historia», ha afirmado.

Se trata de «un plan completo de transparencia para las instituciones», un decreto que era «sencillo» de hacer, según Celáa, pero que el anterior Gobierno no aprobó y utilizó como «coartada» para no publicar los bienes de sus altos cargos.

También ha reprochado que «hay quien dice» que como este Gobierno llegó «moralizando» esto ha de tener sus consecuencias, por lo que ha recordado que los socialistas gobiernan «tras una sentencia judicial de corrupción» que afectaba al partido que sustentaba el anterior Ejecutivo y a la «credibilidad» de su presidente.

El reglamento aprobado hoy, que desarrolla la Ley del Alto Cargo de 2015, establece el procedimiento de la formulación e inscripción registral de las declaraciones de actividades y patrimoniales y la regulación del derecho de acceso a los registros administrativos, por lo que ofrece mayor seguridad jurídica a los altos cargos.

Además, determina que la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dirigida por Flor López Laguna, se encargará de velar y requerir a los altos cargos para que cumplan con las obligaciones previstas en la Ley y advertir de las consecuencias de su incumplimiento.

La OCI tendrá, por su parte, la responsabilidad firme sobre custodia y seguridad de los datos y documentos que son registrados como actividades, bienes o derechos patrimoniales declarados por los altos cargos.

Los órganos responsables de recursos humanos, la Dirección General de Costes, las secretarías generales técnicas y los secretarios de órganos colegiados serán los encargados de la recopilación, remisión, actualización, subsanación y publicación de la información relativa a los candidatos designados o cesados.