La CUP trata como «presa política» a una sanguinaria etarra condenada a 102 años por varios asesinatos

Una delegación de la CUP de Granollers visitó en la prisión de Brieva (Ávila) a Dolores ‘Lola’ López Resino, una vecina del municipio, aunque nacida en Almería, perteneciente a la banda terrorista ETA que cumple condena desde hace 17 años por el asesinato de tres vecinos de Santander, con un coche bomba el 19 de febrero de 1992. En el tuit, los antisistema aseguran que “no todas las presas políticas están cerca”, en referencia al traslado a Cataluña de los políticos independentistas, y piden la libertad de la etarra.

López Resino fue miembro del ‘Comando Barcelona’ que atentó también en el cuartel de Vic, que causó la muerte de nueve personas, cinco de las cuales eran niños. ‘Lola’ fue la coordinadora del comando Barcelona hasta que en 1992, con los Juegos Olímpicos, se marchó de la ciudad y se dirigió a Francia.

Desde allí participó con el comando Mugarri en la colocación de un coche bomba en Santander la tarde del 19 de febrero de 1992, con el que pretendían acabar con la vida de varios policías. El objetivo salió mal y murieron tres jóvenes de la capital cántabra y resultaron heridas diecisiete personas más.

No tots els presos polítics són a prop.
Avui hem anat fins a Ávila per visitar la Lola, presa política de #Granollers que porta 17 anys empresonada
Lola i Marina, us volem a casa!#LlibertatPresesPolitiques #stopexcepció #LlibertatPresosPolítics #FreeThemAll @RescatPreses pic.twitter.com/qKq3oxBTwE

— CUP Granollers (@CUPGranollers) July 7, 2018

Semanas más tarde de ese atentado fue identificada por la Policía, aunque logró escapar y continuar participando en otros atentados, como el asesinato el 7 de febrero de 1994 del coronel del ejército de tierra Leopoldo García Campo o el que se registró en el restaurante La Galera del puerto de Barcelona el 14 de agosto del mismo año con varios heridos.

La etarra estuvo escondida por el aparato de la banda en territorio francés hasta el 23 de setiembre de 2001, cuando fue detenida y extraditada a España. La Audiencia Nacional la condenó a más de 102 años de prisión.