Sánchez incumplió durante 6 años su ley antidesahucios: debía «garantizar una vivienda» a los okupas

El Gobierno lleva casi seis años incumpliendo una de las cláusulas más importantes de su propio decreto antidesahucios: «Garantizar una vivienda digna» a los más de 80.000 okupas declarados, según su criterio, «vulnerables». Desde 2020 y hasta el pasado 27 de enero que se derogó el Ómnibus -donde estaba incluida esta moratoria- los de Sánchez han desoído su responsabilidad sobre estas familias a costa de los pequeños propietarios.

En la página 24 del Real Decreto que a priori se aprobó como medida extraordinaria durante la pandemia, el escrito deriva al Ejecutivo la obligación de buscar un hogar a los inquilinos que no paguen sus rentas con un plazo máximo: antes de que la medida decaiga.

Una vez «acreditada la vulnerabilidad» de los okupas y «antes de la finalización» del plazo máximo de suspensión de los desahucios, «las Administraciones públicas competentes deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna», dicta el documento.

Es decir, el Ejecutivo debería haber asumido su obligación de otorgar a todos aquellos okupas e inquiokupas, declarados «vulnerables» por los Servicios Sociales, un techo antes del pasado martes 27. Sin embargo, desde 2020 los de Sánchez únicamente se han limitado a prorrogar hasta en siete ocasiones esta moratoria que originalmente se propuso como una acción temporal.

Sánchez, obligado a buscar soluciones

Desde la Plataforma de Afectados por la Okupación aclaran al respecto que durante todo este tiempo han sido ellos, como propietarios de las viviendas, los encargados de «mantener» a los okupas:

«El decreto era una coartada para que el Estado no hiciera su trabajo. Al decaer la norma, el Gobierno ya no puede mirar hacia otro lado: ahora está obligado a buscar soluciones habitacionales dignas y reales para quien lo necesite, en lugar de obligar a un ciudadano particular a ejercer de servicios sociales sin ayuda ni compensación», advirtieron tras la derogación del Ómnibus.

Con la caída de esta «medida excepcional» de la pandemia, que se había convertido en estructural, los afectados consideran que se abre un camino de esperanza para los propietarios «bloqueados en procesos judiciales eternos».

«La burocracia administrativa diseñada para dilatar los lanzamientos pierde hoy su base legal, permitiendo que la Justicia recupere su agilidad. La vulnerabilidad social debe ser atendida por la administración con recursos públicos; el derecho a la vivienda es un mandato constitucional para cualquier gobierno, no una carga que deba soportar el ahorro y el esfuerzo de las familias españolas», explican desde la Plataforma.

A la espera de una nueva estrategia

En este contexto, tan solo unos días después de que el Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, derogara el decreto ley del llamado «escudo social» con el que el Gobierno pretendía obligar a los partidos a prorrogar la okupación si querían votar a favor de la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte, el futuro de propietarios y okupas está en el aire.

Desde el pasado martes los propietarios han podido solicitar la ejecución de los lanzamientos correspondientes para desokupar sus viviendas en propiedad o reactivar el proceso judicial correspondiente.

Sin embargo, el Ejecutivo todavía no ha planteado qué sucederá con los más de 80.000 okupas que a día de hoy quedan expuestos a quedarse sin vivienda. También se desconoce si, como solicitan desde la oposición y la misma Plataforma, presentará de forma urgente las medidas de apoyo social (pensiones y transporte) «de manera separada».

«Si estas ayudas sufren retrasos, será responsabilidad exclusiva de su empeño en vincular el bienestar de los españoles con la protección de la okupación ilegal», apostillan los afectados al tiempo que agradecen a PP, Junts y Vox su implicación con los pequeños propietarios y su rechazo al chantaje político de Sánchez.

«Su firmeza y valentía demuestran un compromiso real con las familias víctimas de la okupación y la inquiokupación», comunican. «Al votar no, estos grupos han impedido que el Gobierno se limitara a «aparcar» a las personas en situación de exclusión en viviendas ajenas, ahorrándose la inversión necesaria en vivienda pública y servicios sociales», reconocen públicamente.

En cualquier caso, no descartan que el Ejecutivo se guarde un as en la manga y ya solicitan que «para recuperar la seguridad jurídica y la confianza en el mercado» se apruebe «una Ley Antiocupas que garantice el desalojo exprés y proteja de forma efectiva la propiedad privada» y a todos los afectados por la okupación e inquiokupación.