Rodríguez contrata alarmas antiokupas para la vivienda pública tras acusar a las empresas de «hacer caja con el miedo»

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha pagado más de 850.000 euros sólo a la empresa de vigilancia Securitas Seguridad España S.A en el último año y medio para vigilar que ninguna persona acceda a los solares donde se están construyendo las viviendas públicas de Casa 47.

Es llamativo, por si solo, que el Gobierno que más ha denostado y acusado de «hacer negocio con el miedo» a las empresas de alarmas de seguridad contrate ahora a estas empresas para proteger sus casas públicas de una posible okupación.

Hace unos meses la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, denunciaba que todas estas compañías formaban parte de «una maquinaria que alimenta el miedo» señalando que una rama «quiere sacar rédito político y otra que con ese miedo hace caja».

En su intervención, Rodríguez dijo que todos esos seguros y todas esas alarmas «que nos venden» sólo son «un negocio»:

«Uno de los países más seguros del mundo es el país con más alarmas instaladas del mundo… ¿Quién está haciendo caja con esto? Que el miedo es muy jugoso desde el punto de vista de la rentabilidad electoral y la rentabilidad económica», aseguraba la ministra restando importancia al problema de la okupación.

De hecho, subrayó que no creía en esta problemática matizando que «los que no creemos ni pensamos así» debían «combatir los discursos del miedo».  De hecho, aprovechó su turno para mencionar la okupación asegurando que, sin duda, con el decreto antidesahucios hay quien, durante mucho tiempo, «ha alimentado también esas versiones del miedo».

Pese a vender ese discurso públicamente, lo cierto es que el departamento que lidera Rodríguez ha pagado una millonada a diversas empresas de seguridad en los dos últimos años para vigilar diferentes solares con viviendas del Gobierno.

Además, sin ir más lejos, el Ejecutivo se gastó en febrero 18.189 euros en «puertas anti okupas» para el edificio del centro comercial de Barcelona Moda Shopping situado en el número 16 de Avenida Marina 16. Según el contrato menor consultado por OKDIARIO, el Ejecutivo pretendía con ellas «asegurar la integridad de los locales comerciales».

«La instalación de medidas se fundamenta en la necesidad de proteger el patrimonio público, prevenir delitos, garantizar el uso adecuado de los bienes, optimizar recursos y cumplir con las obligaciones legales», justificaba en el pliego la Secretaría General de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

De hecho, esta instalación llegó justo después de poner en jaque todo un paquete de medidas sociales por intentar colar por séptima vez una prórroga del decreto antidesahucios. Ahora el Ejecutivo repite operación pero con las alarmas de seguridad. Niegan la okupación, pero blindan sus inmuebles para no ser perjudicados por ella.