Ver para creer: esto es lo que cuesta desalojar de tu casa a un okupa (por la vía legal)

En España, la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un problema cada vez más frecuente que afecta tanto a particulares como a entidades financieras. Aunque existen procesos legales para recuperar la propiedad, estos suelen ser largos y costosos, ya que requieren la intervención de abogados y la gestión de trámites judiciales.

Además, los propietarios deben afrontar daños en la vivienda y la incertidumbre de un desalojo que puede extenderse durante meses. En este artículo, analizamos las implicaciones legales y económicas de este fenómeno.

El alto costo de desalojar a los okupas en España

En los últimos cinco años, el número de ocupaciones ilegales de viviendas en España ha aumentado un 25%, según los datos del Ministerio del Interior. Las comunidades autónomas más afectadas son Cataluña seguida por Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Debido al creciente problema de las ocupaciones ilegales, se ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procesos de desalojo, especialmente en casos de allanamiento de morada.

Según el portal inmobiliario Piso al Contado, el costo total para desalojar a un okupa puede oscilar entre 30.000 y 40.000 euros, dependiendo de factores como la duración de la ocupación o los gastos legales involucrados.

Factores como la complejidad del proceso, la duración del desalojo y el tipo de intervención legal necesaria influyen en el costo final. Además, los honorarios de los abogados y las tarifas judiciales pueden variar según la región.

El precio también puede aumentar si se requieren medidas adicionales, como la contratación de seguridad o la realización de trámites judiciales extras. Por lo tanto, no existe un costo fijo, y los precios pueden variar considerablemente de un caso a otro.

Desahucios por okupas en España: tipos, costes y factores clave a considerar

Según Cronoshare, una plataforma que conecta a profesionales con clientes que demandan servicios, los honorarios de un abogado para un desahucio en España varían entre 600 y 1.400 euros en promedio. En general, existen dos tipos de desahucios:

Desahucio por impago del alquiler

En este caso, el contrato de arrendamiento ha llegado a su fin o el inquilino ha dejado de abonar el alquiler, pero se niega a abandonar la propiedad. El precio de honorarios de abogado de este tipo de desahucio varía entre 400 € y 1.400 €, y el desahucio suele demorarse entre 3 y 6 meses.

Cuando el propietario desea recuperar, además del inmueble, la deuda correspondiente al alquiler impagado, los abogados suelen incrementar su tarifa con un porcentaje adicional, que generalmente varía entre el 10% y el 20% de la cantidad que se reclama.

Desahucio por precario

Se trata de una situación más compleja que ocurre cuando una vivienda es ocupada de manera ilegal o cuando, después de haber sido cedida temporalmente a un familiar o amigo, este se niega a desalojarla. Los honorarios para este tipo de desahucio varían entre 600 y 1.600 euros, y el proceso puede prolongarse hasta más de un año.

Existen otros gastos adicionales que es importante tener en cuenta:

• Los gastos judiciales pueden ascender entre 4.000€ y 5.000€ después de presentar una demanda.
• Las deudas por los alquileres no pagados, que en muchos casos no se recuperan debido a la insolvencia de los inquilinos, generan una deuda que seguirá aumentando cada mes.

Según el último informe del portal Idealista, el precio medio de alquiler de una vivienda en España es de 13,0 €/m². Esto significa que un piso de 80 metros cuadrados tendría un alquiler mensual promedio de 1.040 euros.

En casos de impago, esta cantidad se acumularía mes a mes, incrementando significativamente la deuda pendiente en un proceso de desahucio.

• Los gastos generados por daños y desperfectos que puede llegar a sufrir la vivienda a causa de ser ocupada.

¿Por qué es esencial seguir el proceso legal para desalojar okupas?

El mejor método para desalojar a un okupa es seguir la vía legal, a pesar de que puede ser un proceso largo y costoso. Optar por otras acciones, como tratar de desalojar a los okupas por cuenta propia, podría llevar a incurrir en delitos penales como la coacción, lo que complicaría aún más la situación.

A través del proceso legal, que implica la presentación de una denuncia y el seguimiento de los procedimientos judiciales, se garantiza que el desalojo sea realizado de manera segura y conforme a la ley, evitando sanciones legales adicionales para el propietario.