Adiós a los okupas: la solución de los expertos para desalojarlos rápidamente

El análisis de la situación de las okupaciones en España revela un panorama preocupante, aunque en 2023 se registró una disminución en las denuncias. Según datos del Ministerio del Interior, se contabilizaron 15.289 denuncias por intrusión en inmuebles, lo que representa un descenso del 8,8 % respecto a las 16.765 denuncias de 2022. Es crucial entender que estas cifras abarcan tanto a los okupas, es decir, la ocupación ilegal de inmuebles vacíos, como el allanamiento de morada, que implica la intrusión en viviendas habitadas.

Cataluña destaca como la comunidad autónoma con el mayor número de denuncias, registrando 6.258 casos, lo que equivale a más del 40 % del total nacional. En contraste, La Rioja, Cantabria y Asturias fueron las regiones con menos casos, pero también experimentaron aumentos significativos en comparación con el año anterior. En los últimos cinco años, la tendencia de okupaciones había ido en aumento hasta 2021, aunque en 2022 y 2023 se observó una ligera disminución. A pesar de esta caída, las cifras actuales superan significativamente a las de 2010.

La solución definitiva para desalojar a los okupas

La okupación de viviendas se ha convertido en una fuente de gran preocupación para muchos ciudadanos, especialmente para los propietarios de inmuebles vacíos. El proceso para desalojar a inquilinos no deseados puede ser largo y complejo, y puede llegar a prolongarse hasta dos años, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para agilizar este proceso, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) propone modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y establecer un registro público de alquileres.

Una de las principales sugerencias es modificar el artículo 37 de la LAU, que actualmente permite contratos de arrendamiento verbales. La ANA aboga por que todos los contratos deban formalizarse por escrito y ser inscritos en un registro público. Esto ayudaría a evitar que los okupas se apoyen en contratos falsos o recibos simulados para justificar su presencia en las viviendas.

José Ramón Zurdo, abogado especializado en alquileres y CEO de la ANA, destaca que esta medida facilitaría a las autoridades actuar rápidamente, ya que al no poder presentar documentos válidos en el registro, los okupas podrían ser desalojados sin necesidad de largos trámites judiciales, según recoge El Economista.

Además, la ANA critica la lentitud de los procedimientos actuales, como la Ley de Derecho a la Vivienda, que obliga a los propietarios a demostrar que la vivienda ocupada es la residencia habitual de los okupas y que no son grandes tenedores de inmuebles. Estas condiciones complican aún más la situación, evidenciando una falta de acción política para resolver un problema que afecta a miles de propietarios en España.

Guía completa sobre cómo proceder

Desalojar a okupas en España puede ser un proceso complicado y prolongado, especialmente cuando se trata de la ocupación de una vivienda habitual. La okupación se refiere a la entrada y permanencia en un inmueble sin el consentimiento del propietario. Es importante distinguir entre dos tipos de ocupación: la okupación de inmuebles vacíos y el allanamiento de morada, que es un delito más grave. Este último se produce cuando los okupas entran en una vivienda donde reside alguien, lo que permite una respuesta más rápida por parte de las autoridades.

Para llevar a cabo un desalojo, existen diferentes procedimientos según la naturaleza de la ocupación. Por un lado, el procedimiento civil se utiliza para desalojar a okupas en inmuebles vacíos, aunque este proceso puede extenderse durante varios meses, o incluso más de un año, debido a la carga del sistema judicial. Por otro lado, el procedimiento penal se aplica en casos de allanamiento de morada, permitiendo al propietario presentar una denuncia ante la policía, lo que podría resultar en una expulsión inmediata de los ocupantes.

En primer lugar, el propietario debe evaluar la situación y tratar de dialogar con los okupas. Sin embargo, si el diálogo no es efectivo, es fundamental recoger pruebas de la ocupación. Documentar la situación con fotografías y registros de comunicación será esencial en cualquier procedimiento legal posterior.

El siguiente paso en el proceso de desalojo es contratar un abogado especializado en derecho inmobiliario. La asesoría legal es importante, ya que un abogado puede ofrecer una guía sobre las opciones disponibles y representar al propietario en los procedimientos judiciales.

Si todas las medidas anteriores no han tenido éxito, se deberá presentar una demanda judicial. Esto implica reunir toda la documentación necesaria, como prueba de propiedad y evidencias de ocupación, y presentar la demanda en el juzgado correspondiente.

Una vez presentada la demanda, el propietario deberá esperar el proceso judicial. Este proceso incluye la notificación a los okupas y la oportunidad de que presenten su defensa. Pueden transcurrir varios meses, por lo que la paciencia es crucial.

Finalmente, si el juez falla a favor del propietario, se emitirá una orden de desalojo, la cual debe ser ejecutada por las fuerzas del orden. Es importante recordar que el propietario no debe intentar desalojar a los okupas por su cuenta, ya que esto podría considerarse un acto violento o ilegal.