La UE confirma el palo a España y anuncia: va a ir a los tribunales por no acatar la norma del «tamaño de las empresas»

• Blanca Espada @blank7133
• Redactora de contenidos en OkDiario. Escribiendo para blogs y empresas de contenidos digitales desde 2007.
• • 13/03/2026 08:15
  • Actualizado: 13/03/2026 08:15

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado a tiempo una directiva comunitaria que actualiza los criterios que determinan el tamaño de las empresas. No se trata de una cuestión simbólica o un simple fallo o error administrativo. Es un procedimiento formal que puede terminar en sentencia si no se corrige la situación.

El anuncio se produjo el 30 de enero, dentro del paquete mensual de procedimientos de infracción que publica la Comisión. En esa comunicación oficial, el Ejecutivo comunitario incluyó a España y a Malta por no haber notificado la plena transposición de la Directiva Delegada (UE) 2023/2775. La norma en cuestión no introduce un nuevo impuesto ni cambia la definición jurídica de empresa. Lo que hace es actualizar los umbrales del tamaño de las empresas, es decir, los que separan a las microempresas de las pequeñas, a estas de las medianas y, finalmente, a las grandes compañías. Puede parecer técnico, pero tiene implicaciones prácticas para miles de sociedades.

España va a ir a los tribunales por no acatar la norma del «tamaño de las empresas»

Los criterios que determinan el tamaño de las empresas no son decorativos. Afectan a obligaciones contables, auditorías, informes financieros y niveles de transparencia. Desde 2013 esos umbrales no se habían ajustado pese a la inflación acumulada en la última década.

La directiva europea pretendía corregir esa distorsión. La idea era sencilla: adaptar los límites económicos para que reflejaran la realidad actual y evitar que empresas que han crecido solo en términos nominales pasaran automáticamente a categorías con mayores cargas administrativas. El plazo para incorporar esa actualización al derecho nacional expiraba el 24 de diciembre de 2024. La mayoría de los Estados miembros comunicaron a Bruselas que habían completado el proceso. España no lo hizo.

El recorrido hasta llegar al Tribunal

La decisión de acudir al Tribunal no se tomó de un día para otro. Bruselas inició el procedimiento hace más de un año. El 31 de enero de 2025 envió cartas de emplazamiento tanto a España como a Malta. Ese es el primer aviso formal. Se solicita información y se ofrece la oportunidad de subsanar la situación sin consecuencias judiciales.

Meses después, el 17 de julio de 2025, la Comisión emitió dictámenes motivados. Es un paso más contundente dentro del procedimiento de infracción. Básicamente, se advierte de que si no se corrige el incumplimiento, el caso terminará ante el Tribunal de Justicia. Según la Comisión, la respuesta recibida no fue suficiente. A fecha del anuncio del 30 de enero, Bruselas seguía sin tener constancia de la plena transposición de la directiva al ordenamiento español. Por eso ha decidido elevar el asunto.

Qué puede ocurrir ahora

Cuando un caso llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se abre un escenario jurídico distinto. El Tribunal analizará si existe incumplimiento. Si da la razón a la Comisión y el Estado miembro no corrige la situación, pueden imponerse sanciones económicas. No obstante, muchos procedimientos de este tipo se resuelven antes de que se dicte sentencia firme. En ocasiones, el simple traslado al Tribunal acelera la adaptación normativa pendiente. En este caso, el núcleo del conflicto es formal. No se discute el contenido de la directiva, sino el hecho de que no se haya notificado su incorporación plena al derecho nacional dentro del plazo establecido.

Un asunto técnico con trasfondo político

Aunque la materia parezca puramente contable, el mensaje político es claro. La Comisión insiste en que la homogeneidad normativa es clave para el funcionamiento del mercado único. Si cada Estado adapta las directivas a ritmos distintos, se generan distorsiones. Además, el momento no es menor. La Unión Europea está reforzando su vigilancia sobre el cumplimiento normativo en un contexto de mayor tensión económica y presupuestaria. La disciplina comunitaria se ha endurecido en los últimos años, especialmente tras los fondos de recuperación y el aumento del control sobre la ejecución nacional.

España no es el único país que acumula procedimientos de infracción abiertos, pero el hecho de que el caso avance hasta el Tribunal supone un escalón superior en el conflicto.

Cómo afecta a las empresas

La actualización de los criterios de tamaño no es un detalle menor para el tejido empresarial. Los umbrales determinan qué empresas deben presentar cuentas consolidadas, someterse a auditorías obligatorias o cumplir determinados requisitos de información financiera. Si los límites no se actualizan conforme a la inflación acumulada, algunas compañías pueden verse clasificadas en categorías que no reflejan su dimensión real en términos económicos. La directiva europea busca precisamente evitar ese desfase. De ahí que Bruselas considere relevante que todos los Estados miembros adopten el ajuste de forma coordinada.

España ante el Tribunal europeo

Ahora el Tribunal de Justicia analizará el caso si el procedimiento sigue su curso. Mientras tanto, el Gobierno español todavía puede notificar la plena transposición y cerrar el conflicto antes de que derive en sanciones. El episodio vuelve a poner de relieve la importancia de los plazos en el engranaje comunitario. No se trata sólo de aprobar normas, sino de comunicar formalmente su incorporación conforme a los requisitos de la Comisión.