El Tribunal Superior andaluz ratifica un laudo a favor de FCC en una obra de Acuamed y golpea el caso

El llamado ‘caso Acuamed’, iniciado hace ya seis años como un supuesto caso de corrupción del PP en esta empresa pública y que sigue en fase de instrucción en la Audiencia Nacional, va camino de convertirse en un sainete. No sólo porque todo empezara por una denuncia de un ex directivo que fue despedido y de dos ejecutivas a su cargo en Acuamed que ahora están imputadas en el caso por hacer lo mismo de lo que acusaron a la ex cúpula de la firma, sino porque se investigan supuestos tratos de favor a constructoras que ahora se están demostrando que no eran tales, lo que le va a costar a las arcas públicas más dinero de lo que supuestamente se desfalcó. Un sainete.

Es lo que desvela la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha incorporado al sumario del caso la constructora FCC. Se refiere a la obra de la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), que fue adjudicada en 2006 a la compañía que ahora controla el mexicano Carlos Slim y preside Esther Koplowitz por 54 millones de euros. Es una de las obras bajo sospecha de corrupción en la también conocida como Operación Frontino.

La sentencia del tribunal andaluz, de 28 de septiembre, ratifica punto por punto el laudo del arbitraje dictado por la Corte de Arbitraje (CIMA) en 2020 y que fue recurrido por la Abogacía del Estado. «Primero presentaron el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque este tribunal es más partidario de anular los arbitrajes en procedimientos judiciales abiertos, pero el TSJ de Madrid se declaró incompetente y lo envió a Andalucía, donde está ubicada la desaladora, y les ha dado un buen revolcón», aseguran fuentes del caso.

Firme

En efecto, la sentencia ya es firme, no se puede recurrir, condena a Acuamed a pagar las costas del proceso, a indemnizar a FCC porque tenía razón en sus reclamaciones y a, si quiere, poner ellos en marcha la desaladora -está totalmente parada porque se inundó en 2012 por unas fuertes lluvias-. En total, unos 20 millones de euros de dinero público que tendrán que pagar todos los ciudadanos.

¿20 millones de euros? Pero, ¿cuál es el supuesto desfalco a las arcas públicas que realizó el ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, en su supuesto trato de favor a FCC? Pues según la acusación del ex directivo despedido por Mateo y de sus dos ejecutivas ahora imputadas en el caso por favorecer con contratos a la constructora Contratas Vilor, quería pagar parte de los sobre costes que reclamaba FCC en esta obra. En concreto, según el acuerdo alcanzado en 2015 entre Acuamed y FCC, de los 16 millones de euros pactados FCC se hacía cargo del 60% y Acuamed, del 40% restante. Ese pacto, habitual en las obras públicas, fue considerado por la fiscalía un caso de corrupción.

Es decir, que según el acuerdo que alcanzó la ex cúpula de la firma con FCC, la desaladora estaría ya funcionando desde hace años y terminada pagando Acuamed el 40% de 16 millones, poco más de seis millones de euros. Ahora, como la detención de Mateo en enero de 2016 frustró ese acuerdo, FCC dio por roto el pacto y acudió al arbitraje que ha determinado que Acuamed tenga que pagar 20 millones de fondos públicos para poner en marcha una desaladora que podría estar funcionando desde hace años gastando sólo seis millones. ¿Sainete?

No hay que olvidar que la Operación Frontino la puso en marcha el juez Eloy Velasco, que ordenó las detenciones de Mateo y de varios directivos de constructoras supuestamente favorecidos por el ex director general a cambio de regalos como entradas de fútbol. Y que las detenciones se produjeron en medio de la presión del PSOE contra el PP por diferentes casos de corrupción. El actual presidente, Pedro Sánchez, aprovechó este caso para desgastar más a Mariano Rajoy.