El Supremo da la razón a Cabify y le permite tener 1.000 licencias más de VTC en Madrid

Según los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la Comunidad de Madrid hay 15.363 autorizaciones de taxi y 8.893 de VTC, en Cataluña 12.361 de taxi y 3.219 de VTC. Por tanto, tras las dos sentencias del Supremo, la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso pasará a tener 10.893 licencias de VTC. En el conjunto del país, hay 60.983 de taxi y 19.093 de VTC.

La solicitud de autorizaciones por parte de Cabify el 20 de abril de 2018 coincidió temporalmente con la entrada en vigor de un decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que restringía la ratio de VTC a una por cada 30 taxis.

De acuerdo con la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), el 20 de abril de 2018 se presentaron solicitudes para hasta 25.000 licencias de VTC en la Comunidad de Madrid, algo que podría aumentar el número de autorizaciones a Cabify u otras empresas que se revisarán si el Tribunal Supremo mantiene un criterio similar en otros casos judiciales.

A pesar de la limitación impuesta por el Gobierno anterior mediante un decreto que establecía la ratio de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, el Gobierno actual aprobó en junio del año pasado una ley que proporciona a las comunidades autónomas y ayuntamientos herramientas para restringir las autorizaciones de licencias VTC en función de motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades.

Esta medida se adoptó después de que la Justicia europea invalidara la ratio 1/30 pero permitiera restringir nuevas licencias por esos dos motivos. La Comunidad de Madrid podría denegar las solicitudes de VTC utilizando argumentos relacionados con el aumento de vehículos en las calles o la preocupación por la contaminación.

Sin embargo, hasta ahora, la región ha optado por políticas más flexibles hacia los VTC en comparación con otras comunidades autónomas, como Cataluña, que ha implementado medidas más restrictivas.

La postura de la Comunidad de Madrid podría cambiar en respuesta a las presiones del sector del taxi u otros factores que afecten la gestión del tráfico y la contaminación en la ciudad.

El Supremo y las licencias de VTC

El Tribunal Supremo rechazó en agosto un recurso presentado por Vector Ronda, una filial de Cabify, que solicitaba al Estado una indemnización de 237,5 millones de euros por la aprobación en 2018 por parte del Gobierno de un decreto que traspasaba a las comunidades autónomas las competencias de las licencias VTC en materia urbana.

El Alto Tribunal avaló así esta normativa -conocida como Decreto Ábalos por ser titular del Ministerio de Transportes en ese momento el socialista José Luis Ábalos-, que en la práctica limitaba las autorizaciones VTC al ámbito interurbano, con un periodo transitorio de 4 años que concluyó el año pasado.

La empresa argumentaba que este periodo no compensa «todos los perjuicios» causados por esta norma, principalmente los económicos, al tener que dejar de prestar el servicio urbano si así lo decidían las comunidades autónomas pasados esos cuatro años.

En concreto, Vector Ronda interpuso el recurso para proteger sus 2.192 licencias de VTC, calculando un perjuicio total de 237 millones de euros, a razón de 164.320 euros por cada licencia en Madrid, 74.678 euros por licencia en Cataluña y 34.810 euros por licencia en Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha.

Por su parte, la Abogacía del Estado, según recogió la sentencia fechada el 17 de julio de 2023, cree que el decreto se ajusta «plenamente al sistema constitucional de distribución de competencias en materia de transportes terrestres», conforme al cual el transporte urbano es, por regla general, intracomunitario y, por tanto, de competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

En cualquier caso, algunas comunidades, como la de Madrid, han legislado a favor de la continuidad de los servicios VTC, como destaca la sentencia, por lo que cualquier perjuicio calculado también se vería limitado. La sentencia comparte así los argumentos de la Abogacía del Estado, al entender que las autorizaciones de VTC «no consolidan derechos adquiridos», por lo que no son generadoras de derechos patrimoniales consolidados o adquiridos.