Las siderúrgicas exigen al Gobierno el 25% de los ingresos por compensaciones de CO2: «Lo dicta Europa»

La industria siderúrgica española se encuentra en una situación crítica por los altos costes energéticos, y reclama al Gobierno que destine el 25% de los ingresos por las subastas de derechos de emisión de CO2, para compensar los costes indirectos de estas emisiones. «Pedimos al Gobierno que nos dé las mismas compensaciones que se dan en Francia o Alemania, y así poder competir en igualdad de condiciones», explica Andrés Barcerló, director general de UNESID – la Asociación de las Empresas Productoras de Acero y de productos de Primera Transformación del Acero de España- a OKDIARIO.

Los elevados costes energéticos lastran su competitividad frente a sus homólogos europeos -la factura energética para las industrias electrointensivas en España es un 161% más cara que en Francia y un 65% superior que en Alemania, es decir, 2,6 veces el coste de la energía en el país galo y 1,7 veces el coste del país germano, según el barómetro energético en España, realizado por la AEGE. Esta situación, de no solucionarse, podría provocar la deslocalización de las empresas, con la consiguiente pérdida de empleos y la reducción de la actividad económica

«En comparación con los demás países europeos estamos maltratados»

Por su parte, los representantes de la industria siderúrgica española se amparan en la normativa europea para exigir un aumento de las ayudas. El futuro de la industria siderúrgica española depende, en gran parte, «de las medidas que se tomen para abordar la actual situación». En este sentido, es necesario que el Gobierno y la industria trabajen en sintonía para encontrar soluciones que garanticen la competitividad del sector. «Me consta que el ministro de Industria está hablando con Hacienda, pero no sabemos nada más». Por eso «pedimos el 25% de lo que el Estado ingresa por subastas de CO2», incide Barceló.

En concreto, las arcas del Estado ingresaron el pasado año en torno a 3.500 millones de euros por compensaciones de CO2. «Y si nos dieran ese porcentaje», que autoriza la regulación europea, «tendríamos unas ayudas que rondarían los 850 millones de euros», y «que nos permitiría competir en el mercado». «En comparación con los demás países europeos estamos maltratados», señala. En juego, miles de empleos y la competitividad de un sector clave en la economía española.

Subastas por derecho de emisión

Las plataformas de subastas son operadas por empresas privadas  contratadas a tal efecto mediante licitaciones públicas. España, junto con los demás estados miembros (EEMM) subastan sus derechos en una plataforma común, que se licita por periodos. Los ingresos se distribuyen entre los EEMM conforme a criterios establecidos en el artículo 10 de la Directiva 2003/87/CE.

Según lo previsto en el reglamento, las plataformas de subasta (tanto la común como las nacionales) deben ser mercados regulados seleccionados mediante procedimientos de contratación pública competitivos; y puede ser designada para un período máximo de cinco años. Mientras que las plataformas de subastas nacionales pueden hacerlo por un período limitado de tres años como máximo, prorrogable a dos más.

Las subastas se llevarán a cabo mediante un formato de ronda única, oferta sellada y precio uniforme. Esto significa que, durante el periodo de subasta, los participantes presentarán sus ofertas indicando el volumen de derechos que quieren adquirir en la subasta y el precio que están dispuestos a pagar por ellos sin que el resto de los participantes conozcan los detalles de las demás ofertas presentadas. La supervisión corre a cargo de la Comisión Europea y las entidades responsavles de supervisar los mercados de instrumentos financieros (European Securities and Markets Authority (ESMA) en el caso de la UE y organismos nacionales como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el caso de España.

En este contexto, las empresas están autorizadas a emitir un límite máximo único para toda la UE de determinados gases de efecto invernadero. Dentro de ese límite, las empresas reciben o compran derechos de emisión con los que pueden comercializar entre sí en función de sus necesidades

En sintonía, Barceló, explica la importancia de tener un Estatuto del Consumidor Electrointensivo en concordancia con el mercado actual. «Este estatuto tiene obligaciones y derechos, pero de las obligaciones no ha disminuido ninguna, y en cambio, los derechos se han evaporado», detalla. Por ello, desde las siderúrgicas hacen un llamado para que el Gobierno actúe con urgencia y tome las medidas necesarias  con el fin de garantizar su futuro.