Sánchez oculta quién y cómo repartirá miles de millones del fondo de recuperación europeo

El Gobierno de Pedro Sánchez oculta quién y cómo repartirá los fondos europeos de reconstrucción, el rescate europeo. A punto de acabar el mes de octubre y con el debate presupuestario aún pendiente en el parlamento, el Gobierno de Sánchez no aclara qué organismo y con qué criterios repartirá los miles de millones de los fondos europeos.

La única información pública al respecto se produjo al final de la Conferencia de Presidentes celebrada el 31 de julio en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja. El presidente Sánchez dejó claro a las comunidades autónomas que él personalmente se encargaría de hacerlo a través de su Gabinete, dirigido por Iván Redondo. Desde entonces, no ha habido ninguna información oficial al respecto, salvo que el 50% de los fondos los gestionarán las comunidades autónomas.

Fuentes del Gobierno Sánchez reconocen a OKDIARIO que no está decidido aún quién y de qué forma se van a repartir unos fondos que deben ir, mayoritariamente, destinados a proyectos que aporten valor estructural a la economía (crecimiento y empleo) y no ser meramente coyunturales.

Las fuentes oficiales consultadas explican que no se puede concretar quién hará ese reparto porque «Bruselas tampoco lo sabe -aseguran- ya que ni siquiera ha aprobado aún los reglamentos sobre los fondos». Las fuentes del Gobierno aseguran también que «nuestra situación en este sentido es similar a la de otros países como Francia e Italia» y que se ha descartado crear una Oficina o un organismo ad hoc para «no perder el tiempo en burocracia, mientras la creas, le das una estructura, seleccionas el personal, montas la oficina y hasta llevas los ordenadores y fotocopiadoras».

Iván Redondo

Por tanto, oficialmente, a día de hoy, el peso político de la asignación de los proyectos y del dinero recae en Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, y, bajo su mando, en Manuel de la Rocha, Director General de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (la antigua Oficina Económica de La Moncloa). De la Rocha es hijo del histórico dirigente del PSOE del mismo nombre. Su oficina no cuenta con infraestructura suficiente para abordar tan voluminosa tarea. Hay apenas siete personas con capacidad para estudiar los proyectos, aseguran fuentes de Moncloa. Las mismas fuentes indican que De la Rocha se queja habitualmente de falta de personal y que ha solicitado reforzarla con un par de personas más.

Con este panorama tan poco transparente, la oposición política muestra su desconfianza y tiene, en palabras de una dirigente del PP, «la mosca detrás de la oreja» sobre este asunto en el que está en juego el reparto de 140.000 millones de euros para salvar nuestra economía y salir de la crisis. «Hay que desconfiar de todo lo que cae en manos de Iván Redondo. Tememos que aproveche la lluvia de millones de Europa para pagar favores políticos a cuenta de los fondos europeos. Esos favores los va a cobrar». La negativa del Gobierno a crear una oficina específica que rinda cuentas sobre su trabajo y la «opacidad» que muestra ya crea suficientes recelos en la oposición.

Eliminar controles

Pero hay otro asunto. El PSOE y el Gobierno Sánchez, mientras llegan los fondos europeos, han impulsado -con la aquiescencia de Podemos- una reforma, por decreto ley, de la Ley de Contratos del Sector Público, que afectará no solo a la Administración General del Estado sino también a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Se sabe que afectará tanto a las condiciones de las contrataciones directas, como a las adjudicaciones y a los pliegos de ofertas.

La última reforma la impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 endureciendo la ley para luchar contra la corrupción. Ahora, el Gobierno Sánchez va a rebajar las condiciones. El PP cree que PSOE y Podemos están eliminando controles para liberarse de «ataduras» con «la excusa» -según fuentes del PP- de agilizar los proyectos, la entrega de los fondos europeos y la recuperación económica.

Big Four

Fuentes del Gobierno insisten en hablar de «agilizar» los trámites y «eliminar burocracias». Para ello, el equipo económico de Moncloa, liderado por Nadia Calviño, quiere impulsar la «colaboración público-privada», pese al rechazo reiterado de una formación de extrema izquierda como Podemos a tales planteamientos o a cualquier contacto con las élites económicas del país. Podemos y Pablo Iglesias, sin embargo, han aceptado que buena parte de los proyectos vayan a derivarse a las grandes consultoras, las llamadas Big Four, en contacto directo con sus clientes, que son la flor y nata de los bancos, el sistema financiero y el Ibex-35.

Fuentes del sector reconocen que los fondos europeos son el «flotador» al que se quiere agarrar todo el mundo, que el Gobierno tiene prisa porque está apurado de tiempo y que ya están trabajando en asesorar a sus clientes (grandes bancos y grandes empresas) aportando su experiencia de años y sus numerosos equipos en España y en Bruselas. La labor de las consultoras -señalan fuentes del sector- va a ser orientarles sobre las directrices que marque Bruselas cuando se conozcan los reglamentos y ayudarles en el fondo y la forma de presentación de sus proyectos para que sean elegibles. Confirman que numerosas empresas están ya trabajando en esos proyectos y el interés de los grandes bancos en acceder, también, al sistema de ayudas.

También -admiten fuentes del sector- su labor va a ser el asesoramiento para «implementar» esos proyectos unas vez elegidos y la «verificación» en nombre del Estado y las comunidades autónomas de que se están cumpliendo en tiempo y forma. Es un enorme campo que supondrá la licitación pública de contratos por decenas, sino cientos de millones de dinero público, por parte de los ministerios y de las comunidades autónomas para adjudicar a las consultoras o a importantes bufetes legales toda esta compleja maquinaria.

Este verano, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha licitado un contrato multimillonario en lotes de 42 millones de euros para ejecutar los 10.000 millones de euros para salvar empresas estratégicas, entre ellas aerolíneas. Una cantidad (42 millones) «muy elevada, disparata», según algunas fuentes, para ese montante de 10.000 millones. Entre las 50 empresas que han sido ya admitidas en el concurso público -a falta de la adjudicación- las cuatro grandes consultoras y conocidísimos bufetes legales.

España, según el Instituto de Estudios Económicos, es el segundo país de la Unión que más fondos europeos pierde por mala gestión pública. Entre 2014 y 2020, España ha desperdiciado el 67% de los fondos estructurales asignados para ese periodo. A 1 de enero de este año, sólo había gastado de manera efectiva el 33% de los más de 56.000 millones de euros concedidos.  «El Gobierno no tiene plan», dicen fuentes de la oposición. «Se ha pasado el verano sin hacer nada». El tiempo corre, los Presupuestos han de aprobarse con urgencia para poder acceder a los fondos europeos y la presentación de proyectos tiene como límite el mes de abril.