Sánchez incumple su propio decreto sobre el rescate europeo: aprueba el plan casi dos meses tarde

Pedro Sánchez ha incumplido su propio Real-Decreto Ley  al aprobar el plan repartirá el dinero del rescate europeo dos meses más tarde de lo que establecía esta norma. Además, existen dudas sobre la legalidad de la misma al no incluir la ponderación de cada criterio a la hora de elegir los proyectos merecedores de las subvenciones.

El Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, establecía que «los departamentos ministeriales encargados de la gestión de proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborarán un instrumento de planificación estratégica para la gestión en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este real decreto ley».

Dado que este Decreto «por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» se aprobó el 30 de diciembre de 2020, los dos meses que se imponía el propio Gobierno vencieron el 28 de febrero.

Sin embargo, el plan sigue sin estar aprobado pese a que Sánchez lo presentó ayer por enésima vez tras el Consejo de Ministros (una de ellas delante de los principales empresarios del país). Se supone que será aprobado en la reunión del gabinete de la próxima semana, aunque el presidente sigue sin concretar los detalles del plan, la fecha de llegada de los fondos, ni si va a acometer las reformas que le exige la Comisión Europea a cambio del dinero (laboral, de pensiones y fiscal).

Excesivo trabajo para los funcionarios 

Fuentes conocedoras de la situación explican que el trabajo que han tenido que realizar los funcionarios de los diferentes ministerios para elaborar este plan ha sido muy grande e imposible de realizar en solo dos meses. De hecho, no se aprobará hasta la semana que viene, pero se agota el tiempo: el plan debe enviarse a la Comisión Europea antes del 30 de abril. De hecho, España tiene una larga trayectoria de enviar el Plan de Estabilidad y el Plan de Reformas (que se envían todos los años y en 2021 acompañarán al de los fondos europeos) el 30 de abril de cada año casi a las 12 de la noche.

España consiguió que se elevaran de 70.000 a 80.000 millones las ayudas a fondo perdido (subvenciones) de la UE en el Plan Next Generation, aunque el Gobierno ha renunciar de momento a la parte de préstamos. Ahora bien, Bruselas se niega a permitir que Sánchez reparta el dinero de forma discrecional como pretende, y quiere introducir mecanismos de control parlamentario, como adelantó OKDIARIO.

El Gobierno no dice cuánto pondera cada criterio

A este respecto, el Ejecutivo puede enfrentarse con otro serio problema: el citado Real Decreto-Ley no incluye la ponderación que recibirá cada uno de los criterios para evaluar los proyectos (denominados PERTE) que pidan dinero de estos fondos. En su artículo 8, esta norma establece una serie de criterios muy vagos y no indica cuánto peso se le dará a cada uno a la hora de decidir qué proyectos se llevan dinero y cuáles no.

Y esto choca frontalmente con la Ley de Contratos del Sector Público, que en su artículo 146 establece que «deberá precisarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada».