Sánchez ha dado 400 millones extra al mes a la Seguridad Social para cuadrar la caja de las pensiones

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado en los primeros cuatro meses del año 1.600 millones de euros más que en 2023 a la Seguridad Social, lo que supone una inyección mensual de 400 millones de euros. La Administración central ha realizado transferencias a la caja de las pensiones por valor de 8.126 millones, un 24,5% más que de enero a abril de 2023. Este incremento -y la subida de las cotizaciones por aumento de los impuestos y la mejora en el número de afiliados- ha dado pie al Gobierno a presumir de prácticamente equilibrio financiero en el sistema.

El Ministerio de Seguridad Social ha publicado las cifras de cierre de enero y declara un déficit de 27 millones de euros, «frente a los 497 millones del año pasado», señala la nota del Gobierno. La realidad es que el déficit ha bajado en 470 millones de euros en cuatro meses, pese a haber aumentado las transferencias de los Presupuestos Generales en 1.600 millones en esos primeros cuatro meses.

Porque, pese a ese déficit de sólo 27 millones que destaca el Gobierno, lo cierto es que los ingresos por cotizaciones sociales acumulan un incremento de enero a abril del 7,9%, incluidos 1.148 millones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -que sale de un incremento de las cotizaciones sociales del 0,7% este año 2024-, pero los gastos se han disparado en mayor medida, un 8,6%.

En definitiva, la caja de las pensiones está equilibrada por el incremento de las transferencias de la Administración central, lo que es especialmente preocupante en un momento en el que hay récord de afiliados a la Seguridad Social, se han superado los 21 millones de cotizantes, y en el que ya tienen algo de recorrido las medidas del Gobierno contra las jubilaciones anticipadas y a favor de las demoradas -existen incentivos para seguir trabajando más allá de los 67 años-.

Según ha publicado también la Seguridad Social, las jubilaciones anticipadas son el 30% ahora frente al 41% de hace un año, mientras que las demoradas suponen ya un 10% del total de las nuevas jubilaciones frente al 4% de hace un año.

Son medidas que refuerzan los ingresos de la caja de las pensiones, además del récord de afiliados, el incremento de las cotizaciones sociales para pagar la pensión a los baby boomers y la subida de los salarios. Pero, con todo eso, en un momento de vientos de cola para la caja de las pensiones, la decisión del Gobierno de incrementar todas las pensiones con el IPC y las no contributivas por encima del índica de precios ha tensionado el sistema.

Los gastos crecen, aunque lo esperado es que el IPC se modere al entorno del 2% en el medio plazo. Pero la época de expansión de la economía también se acabará y cualquier crisis española, europea o mundial que dinamite el mercado laboral afectará gravemente al sistema.

De hecho, ya hay organismos que han advertido de que las pensiones necesitarán algún tipo de ajuste. Bruselas señaló hace unas semanas que el gasto en pensiones en España será el que más crezca de Europa y que superará el 15% del PIB, límite marcado por el propio Gobierno para hacer algún tipo de ajuste en los gastos o en los ingresos.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que saldrá de la entidad en junio tras agotar su mandato de seis años, señaló a primeros de mayo en el Congreso que el Gobierno debería revisar la cuantía de las pensiones. En concreto, se refiere a las tasas de reemplazo, actualmente en el 80% -la pensión supone el 80% del salario anterior a la jubilación-. La media en Europa es del 60%.