Récord histórico del gasto en nóminas públicas en 2018: más de 127.000 millones de euros

Según la estadística de las remuneraciones salariales por sectores institucionales del INE, el coste alcanzó un récord histórico hasta situarse en 127.017 millones de euros, a un ritmo de crecimiento del 3,2% en el último ejercicio frente al 1,3% un año antes. Esta cifra supera con creces el anterior techo de 125.564 millones conseguido en 2009 tras el ingreso en las administraciones, sobre todo autonómicas, de más 200.000 nuevos empleados tras el inicio de la crisis mientras que en el sector privado se despedía a 1,5 millones de trabajadores.

Estas cifras de empleo (sin memoria económica ni justificación administrativa) y su correspondiente gasto público, se incrementarán en los próximos meses ya que en mayo hay también elecciones autonómicas y locales. Además, para 2019 está previsto un incremento salarial por encima del IPC, que puede llegar hasta el 2,75% según el crecimiento económico. Por tanto, en 2019 la cifra superará de largo los 132.000 millones a pesar de que España sigue registrando el segundo déficit más alto de la UE y que la deuda pública no baja de las proximidades del 100% del PIB.

Sólo en el último año, el coste de esta masa salarial, que corresponde a los sueldos y complementos en efectivo y en especie de todas las nóminas públicas y de políticos así como las cotizaciones efectivas a cargo del empleador, ha crecido en 4.000 millones (3,2%) como consecuencia del aumento de las plantillas y de las remuneraciones, ajenos a las realidades del mercado laboral del sector privado. Lo que demuestra la ineficiencia de la gestión de los responsables políticos en materia de personal, la utilización electoral de este colectivo y de la caja de los impuestos de todos.

Este dispendio genera un desbordante gasto estructural pese a las recomendaciones en contrario de la UE. Así, cuando empezó la crisis en 2007, el gasto para 2,9 millones de empleados públicos según datos de la EPA era 107.445 millones. Ahora, para 3,2 millones, la cifra ha aumentado en casi 20.000 millones (18,2%). Esta cifra representaba en 2007 poco más del 20% de la masa salarial total del conjunto de la economía española, y ahora se acerca al 22%. Mientras tanto, las remuneraciones salariales de las sociedades no financieras alcanza ahora los 374.706 millones, un 8% más que cuando comenzó la crisis en 2007 (346.559 millones), pero es prácticamente la misma de 2008 (371.166 millones).

Es decir, la masa salarial de las empresas  privadas ha crecido 10 puntos menos que la pública si la comparamos con 2007, al inicio de la crisis. Pero, si se calcula respecto a 2008, cuando empezó la sangría laboral en las empresas, las administraciones públicas han aumentado su masa salarial 17 puntos más que el privado. El caso es que cuando empezó la crisis, estas remuneraciones privadas representaban más del 66% de total de la economía y ahora se encuentra en el 65%.

Esta partida de gasto público es muy importante ya que estos 127.000 millones de masa salarial de las administraciones se comieron en 2018, por ejemplo, una cantidad equivalente a  toda la recaudación por IRPF (82.859 millones), más la recaudación del Impuesto de Sociedades (24.838 millones), más los 20.000 millones de la caja obtenida por los Impuestos Especiales (hidrocarburos, alcohol, cerveza y electricidad, entre otros). Es decir, las nóminas públicas se comieron el 46% de los 276.000 millones recaudados por todas las figuras impositivas. Además, según las cifras oficiales, la recaudación total del conjunto del Estado español fue de 468.000 millones (de impuestos y no impuestos, incluidas las cotizaciones), por tanto, el pago de las nóminas consume el 27% de todos esos ingresos.  Ninguna empresa podría sobrevivir con estos guarismos.

El gasto en nóminas públicas se ha convertido en una inmensa bola de nieve, que ningún partido se atreve a orientar pese al esfuerzo inversor público en los últimos años en tecnología y, por ejemplo, en la mayor participación de los ciudadanos en la gestión administrativa vía on line. Sólo hay que ver que, desde que comenzó el periodo de transferencias a las comunidades autónomas hace 20 años, el gasto en personal de las regiones se ha multiplicado por tres hasta superar en 2018 los 77.000 millones, otra cifra récord. Sólo en el último año, este gasto ha crecido un 3,4% y un 20% desde el inicio de la crisis. Mientras, en la Administración Central  ha aumentado un 3,2% en el último año hasta casi 24.000 millones, un 10,7% desde 2007 y un 39% desde hace 20 años pese a haber realizado más de 2.000 transferencias a las autonomías.

Por su parte, los ayuntamientos han visto aumentado su presupuesto en personal un 3% en el último año hasta superar los 23.000, un 22% desde el inicio de la crisis y un 124% (más del doble) respecto al coste de hace 20 años. El coste de personal de la gestión de los fondos de la  Seguridad Social es la que menos crece durante todos estos años. Sólo subió un 0,9% en 2018, hasta los 2.511 millones. Curiosamente, esta partida no se paga realmente con la caja de los impuestos sino que se liquida con las cotizaciones de los trabajadores.