El peligro de los créditos ICO para los afectados de la DANA: las empresas aún pagan por la pandemia

Pedro Sánchez anuncia una línea de avales por 5.000 millones de euros, gestionada con el ICO, para dar créditos a empresas, autónomos, y también a los propios hogares afectados por la DANA, en lo que supone un peligro para quienes no estén acostumbrados a gestionar el interés de un crédito: sobre todo tras haberlo perdido todo. De hecho, la morosidad de los créditos que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a las empresas ronda el 3%, a pesar de que hay una moratoria para la devolución de estos préstamos hasta 2025.

Quienes quieran solicitar este tipo de financiación lo pueden hacer a través del banco, y los créditos tendrán la garantía del ICO -el equivalente al Estado-. La idea es que tengan una condiciones más favorables, pero la realidad es que, aunque efectivamente el tipo de interés es menor al de un préstamo personal, el coste no es desdeñable.

Según el propio ICO, el interés de estos créditos oscila entre el 5% y el 6,7%, que es lo que se cobraría a quienes lo necesiten por haberse visto afectados por la DANA. Una losa superior, por ejemplo, al tipo medio de una hipoteca, que está en el 3,30% según el INE -Instituto Nacional de Estadística-.

Tras la crisis del Covid-19, los créditos ICO han obligado a cerrar a muchas empresas porque, aunque les salvaron en el momento, generaron unos intereses que no podían asumir a la larga, porque el negocio no sólo tenía que recuperarse, sino que tenía que generar más para pagar más.

En este sentido, el cálculo que hacen algunas organizaciones empresariales es que el 25% de las pymes que recibieron esta financiación tendrán problemas para pagar -actualmente hay una mora oficial en el entorno del 3%-. El problema, y por lo que se estima que la mora será mucho mayor, es porque más del 40% de las empresas que pidieron estos préstamos eran micropymes.

Conocedores de esta situación -o similar-, el Gobierno ha ido dilatando el plazo de carencia de esos créditos, que hasta el año que viene no deben pagarse. Y eso, a pesar de que esos créditos eran para empresas, pymes y autónomos acostumbrados a lidiar con flujos de caja.

Además, los préstamos generaron una doble confusión, que ha terminado en los tribunales. Muchas empresas cargaron contra los bancos, que son los que dan el crédito con el aval del ICO, por hacerles firmar junto al crédito otro tipo de productos.

La justicia falla frente al ICO

La mala comercialización de los créditos avalados por el ICO durante la pandemia ha tenido una respuesta judicial en marzo de este mismo año. El Juzgado número 29 de Primera Instancia de Barcelona limitó por primera vez la responsabilidad del cliente sobre estos préstamos al 20% del total del capital concedido y no al 100% porque entendió mal lo que estaba firmando.

El fallo del juez reconoce que la forma de anunciar y comercializar el aval daba a entender que sólo tendría que avalar un 20%, y que el resto lo cubría el Estado, y no al revés. Esto supone que si la empresa –en el asunto del litigio, una pyme–, no es capaz de asumir el pago de la totalidad de la deuda (en este caso era de 258.000 euros), sólo tendrá que avalarla por el 20%.

Cuando se comenzaron a dar estos préstamos, los bancos informaron que el Estado se haría cargo del 80% del aval del préstamo si el deudor no podía hacer frente al mismo y el cliente, del restante 20%. Sin embargo, pasado el tiempo, muchos autónomos y compañías no han podido asumir el pago y la entidad les ejecutó el 100% del aval que depositaron, en lugar del 20% que debían de asumir. Le quitaban toda la parte, cuando el Estado debía de hacerse cargo del 80%.

El ICO sólo responde cuando el aval al deudor es insuficiente para cubrir el impago, por lo que primero se cobra ese 20% y, posteriormente, se acude al Instituto de Crédito Oficial. Como no fue así, cientos de pymes han demandado a entidades de crédito y esperan una solución.

Con ese caos como precedente, el ICO avalará ahora los créditos para cientos de familias afectadas por la DANA.

Otras ayudas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona catastrófica que habilita al Gobierno a promocionar con rango de ley todas las acciones dentro del territorio afectado. El Ejecutivo ha activado ayudas directas a ciudadanos y empresas afectadas, haciéndolas universales para que los ciudadanos afectados por las inundaciones no tengan que cumplir ningún requisito de renta. Así, ha anunciado la concesión de ayudas de hasta 60.000 euros por vivienda y de hasta 10.300 euros para la adquisición de muebles. Además, pone a disposición de las comunidades de vecinos ayudas de hasta 37.000 euros para la reconstrucción de zonas comunes.

Además, el Gobierno va a transferir ayudas directas para los trabajadores autónomos con domicilio fiscal en la Comunidad Valenciana por valor de 838 millones, que oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros en función de su volumen de operaciones. Con el fin de agilizar la llegada de estos fondos, que podrán empezar a cobrarse en menos de 30 días, las más de 30.000 empresas y 65.000 trabajadores por cuenta propia que se prevé que puedan acceder a ellas sólo tendrán que indicar su cuenta bancaria. Además, los autónomos podrán solicitar la prestación por cese de actividad, con el que recibirán el 70% de su base de cotización, aunque no cumplan con el mínimo de 12 meses exigido.