Ya es oficial: Gas Natural demandará a Colombia por 1.000 millones como adelantó OKDIARIO

Ya es oficial, Gas Natural Fenosa demandará a Colombia la semana que viene por 1.000 millones de euros, como ya adelantó OKDIARIO. La Superintendencia de Servicios Domiciliarios del país latinoamericano ha decidido poner en venta su filial Electricaribe tras haberla llevado a la quiebra. La operadora tiene una deuda total de 1.259 millones de euros, un agujero causado, fundamentalmente por las deudas de las Administraciones Públicas del país.

La filial de la cotizada, recordemos, fue intervenida hace cuatro meses por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Este martes se ponía fin al plazo de cuatro meses que Colombia había dado para tomar una decisión: ampliar el plazo de la expropiación, vender la operadora eléctrica, devolvérsela a Gas Natural o acordar una indemnización.

Obviamente, el Gobierno de Colombia ha tirado por la vía más polémica de todas: liquidar Electricaribe porque argumentan que «no está en condiciones de prestar el servicio con calidad y con continuidad». Es más, el propio presidente del país, a través de Twitter, alegaba que el proceso de venta «es una decisión responsable, al prioridad es que ni usuarios ni empresas sufran por suministro de energía».

Ahora Gas Natural Fenosa ha decidido entrar en la lucha cuerpo a cuerpo y demandará al Gobierno de Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde reclamará una indemnización de 1.000 millones de euros. 

Los gestores que en la actualidad capitanean Electricaribe (dirigidos por un presidente impuesto, Edgardo Sojo) se han dado cuenta de que la gran crisis financiera por la que atraviesa la filial de la española es consecuencia directa de los impagos de los organismos públicos y del fraude, elementos que no pueden solventarse sin reformas legislativas y voluntad política de cumplir la regulación.

La cotizada española podría haber acudido ya al CIADI desde el pasado 3 de marzo, pero tomó la decisión de esperar a que terminase el plazo inicial establecido por los de Santos para poder obrar en consecuencia. Como ya señalamos el domingo en este periódico, “la compensación económica que podría reclamar el grupo español podría situarse entre los 700 y los 1.000 millones de euros, ya que la cifra de 475 millones en los que se está valorando la compañía para sacarla del balance de Gas Natural es un importe demasiado bajo”, señalaban entonces las fuentes consultadas.

Bien, finalmente la demanda de Gas Natural Fenosa al Gobierno de Colombia por esta burda expropiación irá a por la cifra más alta: 1.000 millones de euros. 

El diálogo no ha sido posible

A pesar de que el grupo energético que preside Isidro Fainé ha intentado llegar a una solución consensuada y dialogada para el futuro de Electricaribe, el inmovilismo de las autoridades colombianas solo ha echado más leña al fuego.

La expropiación se produjo sencillamente por razones políticas y fue en el momento de la entrada de los nuevos gestores cuando éstos realmente se dieron cuenta de la deuda descomunal que tenía la operadora. Unas deudas que unidas a una crisis de ingresos por la inseguridad jurídica que han puesto en jaque a Electricaribe. Incluso la Comisión Europea ha pedido al Ejecutivo de Santos que entrase en razón.

La elección más polémica: la liquidación

Una de las opciones que tenía sobre la mesa el Gobierno colombiano era la de quedarse con Electricaribe, y no entregarla, al menos en el corto plazo, al grupo español que tiene el 85% del capital (el restante 15% es propiedad pública). Sin embargo, la opción elegida para poner punto y final a este enfrentamiento ha sido la de liquidar la compañía sin más contemplaciones. 

La opción de la venta también sonaba como otra de las alternativas. Fuentes del sector eléctrico del país admitían a OKDIARIO que el Gobierno de Santos ya había estado sondeando el mercado y había contactado con algunas compañías de EEUU. Aunque, claro, la problemática es la misma: las empresas compradoras piden que la energética esté libre de deuda y, por supuesto, que el Gobierno apruebe las leyes necesarias para asegurar el cobro de las facturas y evitar los enganches ilegales.

Otra de las opciones, era que Colombia hubiera devuelto Electricaribe a Gas Natural Fenosa. Algo, a todas luces, poco probable como se ha podido comprobar tras la última decisión de la Superintendencia y la purga de directivos españoles que se ha llevado a cabo desde la expropiación y la campaña de desprestigio que han realizado las autoridades públicas del país, utilizando los medios de comunicación locales y culpando a los gestores de provocar cortes por la ausencia de inversiones.

Los nuevos directivos han estada exigiendo a los clientes morosos que abonen sus facturas, a pesar de que, curiosamente, es precisamente el sector público del país latinoamericano el que acumula un mayor volumen de impagos. La impunidad ha campado a sus anchas demasiado tiempo y ha elevado la deuda de Electricaribe a 1.259 millones de euros que la estaban ahogando.

Recordemos, además, que la legislación no permite cortar el suministro de energía a los organismos estatales y empresas públicas, algo que sufrió Gas Natural cuando gestionaba Electricaribe, y ahora es el Gobierno de Santos el que constata que las reclamaciones de la española eran justas y que era más que necesario aprobar una reforma que asegurase el cobro de las facturas y, de esta forma, garantizar la calidad del suministro y la viabilidad de la empresa energética.

Un deuda de 1.259 millones de euros

A cierre de 2016, el agujero contable en las cuentas de la filial de Gas Natural Fenosa por los impagos de sus clientes asciende a 1.259 millones de euros. Un hecho que obligó a la española a provisionar más del 80% de esta cantidad antes de la intervención de las autoridades de Colombia.

Tras la expropiación, al presidente puesto por el Ejecutivo al frente de Electricaribe, Edgardo Sojo, no le ha quedado más remedio que reconocer la esperpéntica situación financiera a causa de los impagos. “No podemos regalar más energía a los morosos”, declaraba hace apenas unos días. Sojo ya ha amenazado con cortar el suministro a aquellos que no cumplan con el plazo de pagos y prepara una campaña de publicidad para convencer a los clientes de la región de Caribe de que la única forma de garantizar el suministro es pagando los recibos.

Llevar a cabo un cambio de mentalidad entre sus ciudadanos, algo ciertamente difícil ya que desde la propia Electricaribe han declarado que los planes de pago que se han pactado con los morosos no se respetan.