Nuevo mazazo del Tribunal de la UE al Gobierno: pide convertir a los interinos en fijos

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado un nuevo mazazo al Gobierno este jueves y ha exigido que convierta a los trabajadores públicos interinos que encadenen varios contratos temporales en fijos. El objetivo de la Justicia europea es tratar de evitar abusos por parte de la Administración Pública. La sentencia da respuesta a la petición de tres trabajadoras interinas de la Generalitat de Cataluña.

Estas trabajadoras tenían una plaza que quedó ocupada por un funcionario de carrera, quien alegaban que su trabajo no respondía a necesidades temporales, urgentes y excepcionales, sino ordinarias, duraderas y permanentes, algo que consideran abusivo por parte de la administración, y solicitan que su contrato temporal de larga duración se transforme en indefinido.

El TJUE ya había asegurado en febrero que, «a falta de medidas adecuadas», «la conversión de esos contratos temporales -entre los que se incluyen también los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente- en contratos fijos, puede construir la solución».

Más tarde, El Tribunal Supremo sentenció que la conversión judicial «automática» de los trabajadores interinos en indefinidos no es una medida que pueda derivarse «en ningún caso» del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), de 22 de febrero. El Supremo señaló que este mecanismo resulta «incompatible» con el sistema español de Administración Pública, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Ahora, el Tribunal de la UE vuelve a dar un mazazo al Gobierno al insistir en que, para evitar abusos, es necesaria la conversión de interinos a fijos. Algo que, por otra parte, es lo que el propio Ejecutivo defiende que haga la empresa privada.

Mazazo del Tribunal de la UE al Gobierno

Las denunciantes que se quedaron sin trabajo por ser sustituidas por un funcionario de carrera pidieron una compensación económica de 18.000 euros o de una cantidad apropiada, como sanción por el recurso abusivo a sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada del que alegan haber sido víctimas, algo que la administración niega, puesto que prácticamente cada año ha habido convocatorias de acceso a las plazas ocupadas por las trabajadoras.

En su sentencia, el TJUE da la razón a las trabajadoras y señala que, a falta de medidas adecuadas en la legislación nacional para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos, la conversión de los contratos o de duración determinada en indefinido puede constituir una medida adecuada de prevención y reparación de abuso, aunque recuerda que corresponde a los juzgados nacionales garantizar que esa conversión no implica una interpretación contraria a la ley.

Además, el Tribunal europeo carga contra el Supremo: «Si el juzgado considera que el ordenamiento jurídico español no contiene, en relación con el sector público, ninguna medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada, la conversión de estos contratos o relaciones en una relación de empleo por tiempo indefinido puede constituir una medida de ese tipo».

«Si, en ese caso, el juzgado considera además que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo se opone a esa conversión, deberá entonces dejar inaplicada dicha jurisprudencia si esta se basa en una interpretación de las disposiciones de la Constitución incompatible con los objetivos del Acuerdo Marco y de la Directiva que lo contiene. La citada conversión puede constituir una medida adecuada para sancionar de manera efectiva la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada, siempre que no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la Ley», sentencia.

Es decir, la Justicia de la UE pide a España que busque alternativas para solucionar el problema que sean compatibles con el marco jurídico del país y no que deje la situación en el lugar en el que se encuentra en la actualidad.

Reacción de los funcionarios

El CSIF, sindicato de funcionarios, ha valorado la sentencia del TJUE exigiendo eliminar de manera inmediata la tasa de reposición y asegura que llevará a los tribunales a las administraciones que superen el 8% de temporalidad.

«Decenas de miles de plazas están pendientes de cubrir desde 2020 y la mayoría de las personas que aprobaron el año pasado esperan aún su designación por el retraso en los plazos. Esta situación perpetúa a los interinos», denuncia el sindicato.

«CSIF reclama sanciones ejemplares para los responsables de las administraciones que incumplan los plazos de ejecución de la OEP y sigan abusando de la contratación temporal. Exigiremos cuentas a final de año», afirma.