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La JUR tendrá que publicar los informes sobre la intervención del Popular sin censura

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La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, acompañada del Presidente del FROB, Jaime Ponce. (Foto: EFE)

Publicó los informes con partes tachadas, lo que fue recurrido por el bufete español B.Cremados & Asociados

El panel de recursos de la Junta Única de Resolución Bancaria (JUR) ha apoyado el recurso presentado por el bufete B.Cremados & Asociados y obliga a la JUR a publicar sin ningún tipo de censura los informes que determinaron la decisión de intervenir el Banco Popular la noche del 6 de junio de 2017, y su posterior venta al Santander el día siguiente por un euro.

Sobre todo se refiere a las partes de los informes de valoración de Deloitte, sobre los que pesaba una orden de censura, así como del Plan de Resolución de 2016. El panel de recursos de la JUR ha tomado esta decisión después de mantener una audiencia el 4 de junio. La alegación, presentada por el despacho de abogados B. Cremados & Asociados, estaba motivado por la falta de cumplimiento por parte de la JUR de la orden de revelación de documentos de 19 de junio de 2018

La consecuencia de esta decisión es que la JUR tendrá que cumplir su deber de transparencia y hacer públicos partes tanto del primer informe de Valoración realizado por Deloitte como del Plan de Resolución de 2016 de la entidad. El objetivo es el de facilitar el acceso de los perjudicados a información que consideran "importante".

Especulaciones

La Junta argumentó que cierta documentación puede "dar lugar a especulaciones con respecto a situaciones que pueden ser comparables, así como a la forma en que la JUR podría actuar en casos futuros, lo que a su vez puede influir indebidamente en el comportamiento de otros participantes del mercado".

El verano pasado el panel ya requirió a la JUR sacar a la luz los detalles sobre la salida de depósitos que vivió Popular entre mayo y junio de 2017, así como documentación sobre los procesos privados de venta que se pusieran sobre la mesa. Esta decisión también afectaba a los informes de Deloitte y al Plan de Resolución, mientras que ahora concluye que la orden "no se cumplió por completo".

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