El juez rechaza la petición de Saracho de cerrar ya la investigación de su labor en Banco Popular

José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, ha dicho que va a mantener activa la investigación al expresidente del Banco Popular Emilio Saracho, porque todavía tiene pendientes los interrogatorios a los responsables de los organismos europeos que en ese momento intervinieron en la resolución del banco. Saracho había solicitado al juez que dadas las pocas novedades en su pieza (una de las dos piezas separadas de las que se compone la investigación), cerrara la misma.

El juez José luis Calama ha hablado este jueves en un auto donde aclara a la defensa de Saracho, que el pasado mes había metido prisas al magistrado para que citara a los autores de los informes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para así terminar las pesquisas sobre el caso del banquero y si hubo o no hubo manipulación del precio de la acción. Saracho estuvo tan solo 108 días como presidente de Banco Popular y fue el último antes de la resolución y venta a Banco Santander por un euro.

De hecho, el juez Calama tiene intención de interrogar también a los representantes de «el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), de la Junta Única de Resolución (JUR) y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)».

Por su parte, el auto al que ha tenido acceso Efe incide en que quedan por practicar otras testificales «con trascendencia» para el futuro procesal del expresidente del Banco Popular.

Sistema de rescate

Emilio Saracho estuvo al frente de la entidad 108 días solamente, pero en ese periodo «el banco colapsó tras sufrir un súbito ‘shock’ de liquidez que conllevó que, con fecha 6 de junio de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) transmitiera a la JUR su inviabilidad».

Por ello, el día después a esa fecha, «se acordó declarar su resolución, aplicando un sistema de rescate ‘bail-in’ que supuso que más de 300.000 accionistas y los tenedores de bonos (…) perdieran toda su inversión», y la venta del Popular al Banco Santander «por un euro».

El magistrado prosigue asegurando que la investigación de la conocida como «etapa Saracho» no se limita a determinar «si ha existido o no» un posible delito de manipulación del mercado con la publicación de presuntas noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

De este modo, recuerda que se le investiga por varios delitos, entre otros, incluido el de administración desleal, de ahí que sea necesario «escrutar la gestión interna de la entidad durante su permanencia en la misma».

Calama reitera que «ya valora» la citación de los directivos de la CNMV a la que hacía referencia el escrito de Saracho; sin embargo, «hay que tener en cuenta dos consideraciones».

La primera, la situación provocada por la pandemia, que está «originando una importante disrupción» en la instrucción; la segunda, que el juzgado «debe tener en cuenta la agenda del fiscal», no en vano «su presencia es ineludible».

Agenda cargada

Por ello, el juez confirma la providencia dictada el pasado febrero, en la que acordó señalar estas declaraciones «cuando lo permita la sobrecargada agenda del instructor, la cual debe coordinarse con la de la Fiscalía Anticorrupción».

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016.

La segunda, en cambio, versa sobre el breve mandato de Saracho, y principalmente gira en torno a una posible manipulación del mercado.