Una reciente sentencia en EEUU desmonta la defensa de Ribera por los impagos a las renovables

Una sentencia del 14 de mayo de un juzgado de Estados Unidos que condena a Rumanía a pagar un arbitraje de 330 millones dirimido en el Ciadi supone una seria advertencia para España y para Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica. La Corte del Distrito de Columbia, la misma que juzga un caso de 330 millones contra España, ha sentenciado que Rumanía tiene que pagar ese arbitraje a los inversores suecos de Micula, al señalar que Estados Unidos acepta las resoluciones del Ciadi.

La sentencia supone una clara advertencia para Ribera por los impagos a las renovables porque la Abogacía del Estado está defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.

En el histórico fallo, la Corte de Distrito de Columbia destaca que los tribunales estadounidenses están obligados por la legislación de su país a cumplir con los laudos del Ciadi, subrayando su independencia respecto a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Rumanía había argumentado que la indemnización constituía una ayuda estatal incompatible con las normas de la UE y apeló a la Ley FSIA que regula las peticiones de inmunidad diplomática.

Pero la corte estadounidense ha rechazado estos argumentos y ha confirmado la ejecución del laudo, señalando que el Convenio del Ciadi suscrito por Estados Unidos obliga a reconocer estos laudos como sentencias merecedoras de «plena fe y crédito», tal y como también desarrolla la legislación estadounidense.

La relevancia de esta decisión para España es significativa, ya que los tribunales estadounidenses podrían utilizar este precedente en los casos de arbitrajes relacionados con las primas renovables. Hasta la fecha, el Gobierno español ha optado por no pagar las compensaciones decretadas, lo que ha llevado a medidas cautelares como el embargo de bienes y activos de España en el extranjero.

De hecho, como ha publicado este diario, en febrero pasado se produjo la primera vista oral en un juzgado de EEUU, la misma Corte del Distrito de Columbia, de una demanda de inversores extranjeros contra España. En concreto, Nextra y 9REN, que solicitan una compensación de 330 millones de euros.

En esa vista oral, tres jueces de la Corte cargaron contra la estrategia de España y se preguntaron si España no estaba tratando de «saltarse sus compromisos». Los tres magistrados defendieron que Estados Unidos está a favor de que se cumplan los arbitrajes de la corte del Banco Mundial, Ciadi, lo que apunta a que la sentencia sería desfavorable a España.

El siguiente paso sería que las empresas procedieran a solicitar el embargo de bienes de España en el país, si Ribera sigue sin pagar los arbitrajes. De hecho, los inversores ya están rastreando el país en busca de bienes embargables españoles.

Este conflicto se inició cuando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero decidió dar una prima del 25% a las inversiones en energías renovables, decisión que eliminó Mariano Rajoy en 2013 para hacer frente a la crisis económica -las rebajó unilateralmente al 7%-.

Los inversores iniciaron entonces procesos de arbitraje ante el Ciadi, que España ha ido perdiendo en bastantes casos. Ribera decidió la estrategia de no pagar esos arbitrajes y defender que el derecho comunitario impide reconocer esos arbitrajes, algo que han tumbado ya en tribunales de Australia, Reino Unido, Alemania y, ahora, Estados Unidos.

Según los inversores, la factura para España podría alcanzar los 5.000 millones de euros.