El juez de Acuamed deja libre a un tercer directivo de una constructora al no ver indicios de delito

A unas semanas de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decrete el fin de la instrucción del caso Acuamed -está previsto que lo haga a finales de septiembre-, el magistrado ha archivado la causa contra un tercer ejecutivo de una constructora acusada en el proceso al no ver ningún delito. Se trata de Agustín Leopoldo Jáuregui, gerente de la UTE entre Sogeosa y Torrescámara que se adjudicó la obra de la mejora de la cuenca de la Rambla Gallinera, una de las obras bajo sospecha de corrupción. Jáuregui se une a Luis Castilla, consejero delegado de Acciona Infraestructuras, y Justo Vicente, director general de esta filial de la constructora de la familia Entrecanales.

Según explica el juez en el auto, «no existen motivos suficientes para acusar a este investigado como autor, cómplice o encubridor» de un delito, por lo que archiva la causa y le saca del caso. Es el mismo argumento que utilizó para dejar en libertad a los dos ejecutivos de Acciona, al entender que no estaba entre sus funciones hablar con los funcionarios de Acuamed que estaban desarrollando la obra.

Al margen de las implicaciones que tiene para el caso, al dejar libre a los directivos de más rango al no existir pruebas contra ellos, la decisión de García-Castellón tiene una segunda derivada también muy significativa sobre este caso y el supuesto daño a las arcas públicas ocasionado por los investigados.

Porque, como relata el juez en el auto, Acuamed adjudicó el 30 de junio de 2009 la obra de mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera a la UTE formada por Sogeosa y Torrescámara por 30,1 millones de euros. La obra, como suele ser habitual, sufrió problemas en la ejecución y retrasos y las constructoras presentaron el 7 de marzo de 2014 una reclamación por 3 millones de euros.

Reclamación y arbitraje

El que era en ese momento nuevo director general de Acuamed, Arcadio Mateo, acusado en el caso, decidió pactar con las constructoras una solución al conflicto y acordaron pagar 1,2 millones de euros de sobrecostes, sobre los 3 millones que solicitaban. Este acuerdo fue una de las supuestas irregularidades denunciadas por los tres directivos de Acuamed que dieron origen a este caso.

El inicio de la llamada Operación Frontino dio al traste con este acuerdo y las constructoras presentaron un arbitraje ante la corte civil que finalmente les dio la razón. Ese arbitraje condenó a Acuamed a pagar a Torrescámara y Sogeosa 2,95 millones, 1,65 millones de euros más de lo que había pactado la cúpula acusada ahora en el caso.

¿Qué han dicho las autoridades? Primero, la IGAE realizó un informe en el que dejaba claro que no había nada irregular en el acuerdo de 1,2 millones. Y ahora el juez dice que no hay delito por parte del gerente de las constructoras.

El resultado es que finalmente la empresa pública Acuamed tiene que pagar a las constructoras más dinero del que le hubiese pagado con el acuerdo pactado con la ex cúpula de la compañía. El daño causado a las arcas públicas se demuestra ahora que en realidad fue un ahorro para las mismas.