La Audiencia Nacional archiva el caso contra el segundo alto cargo de Acciona acusado en Acuamed

La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha archivado definitivamente la denuncia contra el segundo alto cargo de Acciona acusado en el llamado ‘caso Acuamed’, que investiga un supuesto caso de corrupción en la empresa pública de gestión de obras hidráulicas. La Sala da así de nuevo la razón al magistrado del caso, Manuel García Castellón, que ya había archivado por dos veces la causa contra Justo Vicente, director general de Acciona Infraestructuras desde 2013 y acusado de pactar sobre precios con la cúpula de Acuamed.

El juez ve de esta forma ratificados sus argumentos por la Sala superior de la Audiencia Nacional y da un revolcón a la fiscal del caso, Inmaculada Violán, que ha recurrido a todas las instancias posibles el archivo de la causa contra el alto cargo de la constructora que preside José Manuel Entrecanales, como ha publicado este diario. Este archivo ya es definitivo y es el segundo que se produce, tras el de Luis Castilla, consejero delegado de Acciona Infraestructuras.

En los dos casos el proceso ha sido el mismo. El juez Castellón decide archivar la causa contra ellos al entender que no existen indicios para acusarles de los hechos investigados, descartando el argumento de la fiscal de que son responsables por el mero hecho de ser los jefes de los técnicos que dirigían las obras bajo sospecha de corrupción.

Aseguraba la fiscal que había indicios de un pacto entre estos directivos y al ex cúpula de Acuamed, investigada en el caso, para inflar los precios de la desaladora de Torrevieja a cambio de regalos personales -entradas de fútbol-.  Pero tanto el juez como ahora la Sala de lo Penal dejan claro que no existe ninguna prueba de ningún pacto con Arcadio Mateo, ex director general de esta empresa pública.

«La única base para sostener su imputación reside en la posición que aquél ocupaba en el organigrama de ‘Acciona Infraestructuras’, siendo aplicable aquí lo ya expuesto en auto 136/2020, de esta misma Sección Cuarta, donde se indicaba que “si no existen diligencias que impliquen a un directivo concreto , la investigación penal debe cesar ante la ausencia de un mínimo dato que permita atribuir a ese sujeto concreto el conocimiento de una actuación ilícita, no es posible continuar una investigación judicial penal, o dicho de otra forma, entiende el tribunal que no es dable en derecho atribuir una presunta actividad delictiva penal por el simple hecho de ostentar la representación de un organismo o entidad, sin examinar antes si hay datos de su concreta participación y de la existencia de culpabilidad derivada de un incumplimiento de la falta de adopción de unas medidas obligatorias que traten de paliar el riesgo»», señala el auto, de 4 de junio.

Es el mismo argumento que utilizó la Sala para dejar libre definitivamente a Luis Castilla, lo que supone un nuevo golpe a la Fiscalía y a quiénes utilizaron en 2017 este supuesto caso de corrupción para atacar al entonces presidente, Mariano Rajoy. Cinco años después, a los acusados se les han reducido las medidas cautelares al mínimo, se ha archivado la causa contra varios empresarios acusados, y la fiscal no ha conseguido probar que se inflara el precio de ninguna obra -los peritajes de las obras bajo sospecha, claves para saber cuánto costaban y si se inflaron los precios, están pendientes todavía de cerrar por los peritos judiciales-.