El juez de Acuamed archiva la causa contra otro alto cargo de Acciona pese a la oposición de la Fiscalía

Acciona ha conseguido archivar la causa contra otro de sus altos cargos en el caso Acuamed, que investiga supuestos pactos entre la cúpula de la empresa pública y las constructoras para pagar sobre costes de las obras con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado en un auto fechado este jueves el sobreseimiento de la causa contra Justo Vicente, director de Acciona Agua desde 2013. Vicente se une así a Luis Castilla, consejero delegado de Acciona Infraestructuras, que también ha sido apartado de la causa -a espera de la ratificación definitiva tras el recurso de la Fiscalía-, como adelantó este diario.

García Castellón sostiene en el auto, en contra del criterio de la Fiscalía, que las acusaciones de pacto entre Justo Vicente y la ex cúpula de Acuamed son sólo sospechas en este punto de la investigación, nada probado, por lo que «transcurridos más de cinco años desde el inicio del procedimiento, la imputación del Sr. Vicente Pelegrini en estas condiciones resulta insostenible», explica el juez.

El magistrado defiende que la participación de Vicente en un supuesto pacto de voluntades con Acuamed para el cobro de más sobre costes de los reales en la obra de la desaladora de Torrevieja, una de las obras bajo sospecha incluidas en la causa, son conjeturas: «Toda la carga indiciaria se articula sobre referencias de terceros, y los escritos hallados en su despacho, meras anotaciones con un carácter ambiguo, que carecen de la necesaria contundencia para continuar con la investigación».

Manuel García Castellón ha decretado en un auto fechado este jueves el sobreseimiento de la causa contra Justo Vicente, director de Acciona Agua desde 2013, que se une así a Luis Castilla, consejero delegado de Acciona Infraestructuras

Además, el juez recuerda que Vicente fue nombrado director de Acciona Agua en 2013, cuando la obra ya estaba acabada y sólo se estaba negociando por las dos partes la cantidad de los sobre costes para cerrar la obra. García Castellón subraya que las pruebas aportadas por la Fiscalía, incluidas reuniones y cruce de mensajes con la ex cúpula de Acuamed, no prueban ningún tipo de pacto ni perjuicio para las arcas públicas. La acusación se limita por tanto al hecho de que Vicente era el jefe de Acciona Agua, algo que en derecho no es suficiente para acusar a un empresario: es necesario que se pruebe participación en los hechos.

A este respecto, y en referencia a un pacto entre las dos partes que significara un perjuicio para la empresa pública y, por extensión, para todos los ciudadanos, el juez ya decretó también el archivo de la causa contra Castilla por los mismos supuestos delitos en esta misma obra. García Castellón ya señaló en el auto de archivo del CEO de Acciona Infraestructuras el pasado octubre que «El Ministerio Fiscal sostiene como fundamento de la incriminación del Sr. Luis Castilla sus reuniones con el Sr. Arcadio Mateo, quien fuera Director General de Acuamed, sin que de las actuaciones practicadas se pueda inferir que entre ellos se materializó un consorcio de voluntades encaminado a la ejecución fraudulenta de la planta desalinizadora, mediante la prolongación irregular de su ejecución».

Diferencia en los sobre costes

El magistrado de la Audiencia Nacional no ha considerado los argumentos de la Fiscalía, que se ha opuesto al archivo de la causa lo que apunta a que presentará recurso -como hizo con el sobreseimiento de Castilla-. La fiscal considera probado que hubo un pacto entre las dos empresas, pública y privada, para que Acuamed pagara a Acciona 8,95 millones de euros en sobre costes.

En cambio, el abogado defensor ha subrayado que los propios informes de la UCO confirman que Acciona pedía 17 millones de euros de sobre costes para no ir a un arbitraje, «en los que iba a pedir todo, los 17 millones», pero estaba dispuesta a negociar una rebaja.

Además, la propia fiscal se opone al archivo de la causa del alto cargo de Acciona alegando que todavía no ha terminado una prueba vital para el proceso: el peritaje de las obras, que determinará el coste real de las obras y se podrá saber si se inflaron los costes o no por parte de Acuamed.

A partir de ahí, las defensas de los imputados en el caso se hacen la siguiente pregunta: si no está hecha esa prueba vital y no se sabe el coste de las obras, ¿cómo sabe la Fiscalía que Acuamed pagó de más por esas obras realizando un perjuicio para las arcas públicas?