Iglesias persigue a los propietarios de viviendas: quiere que paguen la comisión a las inmobiliarias

Pablo Iglesias sigue adelante con su persecución a los propietarios de viviendas. Podemos quiere que la futura Ley de Vivienda obligue a los propietarios a asumir las comisiones que cobran las inmobiliarias cuando se formalice una operación de compraventa o de alquiler. En la actualidad, son los inquilinos los que mayoritariamente asumen esas comisiones, aunque la inmobiliaria puede cobrar por sus servicios a la otra parte.

La medida propuesta por la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que se trasladará al Ministerio de Transportes, está en la línea con el acuerdo de gobierno de coalición, que en su punto 29.9 detalla en materia de vivienda que «los honorarios correspondientes a las gestiones realizadas por la empresa inmobiliaria, bien en operaciones de compraventa como en alquiler de inmuebles serán satisfechos por el vendedor o arrendador, respectivamente».

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos sobre la futura Ley de Vivienda se congelaron por las elecciones catalanas y la previsión es que se reactiven de forma inminente, dado que el plazo inicialmente fijado era poder tenerla lista este mes de febrero.

Unidas Podemos ha trasladado varias medidas para su inclusión en la nueva Ley de Vivienda, como fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía. Los contactos han revelado «diferencias sustanciales» entre ambas formaciones sobre el contenido de la reforma. En el ala morada de la coalición han reprochado al PSOE que no responda o ignore sus planteamientos.

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos sobre la futura Ley de Vivienda se congelaron por las elecciones catalanas

De hecho, temen que los planteamientos del departamento que dirige José Luis Ábalos sean poco ambiciosos y se limiten a un modelo de incentivos, similar al que se despliega en Portugal, y que a juicio de la Vicepresidencia Segunda ha fracasado a la hora de regular el precio del alquiler y bajar las rentas que soportan los inquilinos.

En el acuerdo de coalición, y después refrendado en el pacto específico sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), PSOE y Unidas Podemos pactaron desplegar la regulación del precio del alquiler para mercados en zonas tensionadas.

Críticas a las propuestas

El sector inmobiliario en bloque está en contra de que el Gobierno de coalición intervenga el mercado del alquiler a través de la futura Ley de Vivienda. Propietarios de viviendas y expertos en el sector han recordado al Ejecutivo que controlar los precios no tiene un impacto positivo sobre la oferta, sino todo lo contrario. Hay evidencias de que reduce la inversión y de que aumenta el número de viviendas en alquiler que pasan a la venta.

Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) han pedido que la nueva Ley de Vivienda fomente el debate público «bien fundamentado» para conseguir que España pueda seguir la tendencia modernizadora y se obtenga un mercado del alquiler estable, pero también que se resuelva el problema del alquiler asequible.

Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler han pedido que la nueva Ley de Vivienda fomente el debate público

«Creo que estamos ante la oportunidad y la necesidad de que esta nueva Ley de vivienda plantee un problema serio y ponga los puntos sobre las íes en un momento en el que además, en nuestro país, tenemos una política de vivienda complicada», decía el presidente de Asval, Joan Clos, quien también ha incidido en que se deben desarrollar nuevos modelos de vivienda asequible y «ponerla donde hace falta y no solo donde el suelo es barato».

El consejero delegado de Testa, Juan Pablo Vera, también ha dicho recientemente que es necesario que España proyecte hacia el exterior una imagen de «país fiable y en el que se puede confiar». «Necesitamos que se genere confianza y esta falta de seguridad jurídica que se está viendo en estos momentos no ayuda», ha destacado, tras pedir una política «coherente y consistente» en el tiempo y que no sea de «medidas estrella», sino que lo sea de políticas «con sentido».