El Ibex, las pymes y los autónomos se alían contra el hachazo de Sánchez a los planes de pensiones
El Ibex 35, pymes, autónomos o los asesores fiscales son algunos de los colectivos que quieren frenar el golpe anunciado por Sánchez e Iglesias a los planes de pensiones, concretamente a los individuales. Tanto las grandes empresas como las pequeñas compañías, pasando por los profesionales, se han aliado para tratar de frenar el hachazo fiscal que el Gobierno quiere dar a los planes de pensiones individuales en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.
Ante el planteamiento del Ejecutivo, 18 asociaciones muy influyentes en el país han elaborado un manifiesto conjunto en el que abogan por mantener el actual límite fiscal de ahorro individual para la jubilación. Avisan de que la reducción de 8.000 euros a 2.000 de la cuantía deducible perjudicará especialmente a millones de autónomos y trabajadores de pymes. «Los instrumentos de previsión social complementaria permiten garantizarse una pensión de jubilación adecuada», alertan.
Entre las organizaciones que se han sumado al manifiesto se encuentra la AEB, la Asociación Española de Banca, que agrupa a la mayor parte de las entidades financieras que operan en España; CEOE, en la que se encuentran representados los grandes sectores y, de forma individual, gran parte del Ibex 35; los asesores fiscales de AEDAF; ATA, la principal organización de autónomos del país; CEPYME, la patronal que representa a las pymes; el Consejo General de Mediadores de Seguros; la patronal del seguro UNESPA; la Asociación de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) o el Instituto de Estudios Económicos (IEE), entre muchos otros.
El comunicado es contundente: «En España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida. Muchos de ellos son trabajadores por cuenta propia o empleados de pymes».
Y avisa de lo siguiente: «La encomiable intención del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial en España no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión». Es decir, que está bien potenciar otros sistemas de ahorro pero no castigar los ya existentes, sobre todo teniendo en cuenta que es importante que la sociedad ahorre para la jubilación teniendo en cuenta los problemas financieros que hay en la Seguridad Social.
Los firmantes explican lo siguiente: «El ahorro individual para la jubilación es necesario por varias razones. La primera de ellas es la estructura del mercado laboral español. El establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española. Afectaría especialmente a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente. Se debe posibilitar a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador».
Es decir, que el sistema de ahorro individual es, a su juicio, «necesario e imprescindible» para los autónomos o los trabajadores de las pymes, que no «puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas». Es decir, que el Gobierno está castigando a los ahorradores prometiendo un sistema de previsión social que aún no existe.
Entre los «efectos indeseados» del hachazo fiscal de Sánchez también se encuentra «la cuantía insuficiente de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual bajo los nuevos parámetros».
Y las asociaciones hacen cálculos que muestran como el Gobierno del PSOE y Podemos no ha calculado bien el coste de su propuesta para castigar los planes de pensiones individuales en las Cuentas Públicas para 2020: «A razón de 2.000 euros por año, un trabajador que no tuviera acceso a un plan de empleo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual insuficiente para complementar la pensión pública».
Además avisan que «hay que tener presente es la irregularidad de los ingresos del trabajo». Y recuerdan que es importante que los ciudadanos ahorran en las épocas en las que no hay crisis, ya que por ejemplo la economía española ha afrontado dos graves recesiones desde que comenzó el milenio: «Las crisis económicas son fenómenos cíclicos y se materializan varias veces a lo largo de la vida laboral de las personas, como demuestra la experiencia de las primeras dos décadas del siglo XXI. Por este motivo, debe permitirse a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos».
«Los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral», remacha el comunicado sobre el hachazo los planes de pensiones individuales y sistemas de ahorro individual de las 18 organizaciones denunciantes.
La experiencia internacional debe ser una referencia en la que debe mirarse España. En prácticamente todos los países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales adicionales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales como individuales. La reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos.
Por último, desde el punto de vista de la Hacienda Pública, la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación. Es decir, su tratamiento fiscal no genera beneficios. La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones. Por lo tanto, toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo.