El Gobierno inyecta de urgencia 6.000 millones a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones

Mientras el Ejecutivo socialcomunista asegura que tiene la economía bajo control, acaba de inyectar de urgencia 6.000 millones de euros en la Seguridad Social para poder hacer frente a los pagos de las pensiones.

La decisión ha sido adoptada ya de forma firme y con el argumento de que «la crisis sanitaria ocasiona importantes necesidades financieras en la Seguridad Social para la continuidad de su acción protectora, con una menor recaudación de cotizaciones derivada de los efectos negativos que la crisis está produciendo en la actividad económica».

Por ello, y «en respuesta a estas necesidades, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del Covid-19, cuyo artículo 10.3 concedió un crédito extraordinario en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por un importe de 14.002.593.690 euros.

No obstante, y como reconoce el propio Gobierno, «dada la persistencia de los efectos negativos que está teniendo la evolución de la pandemia en la Seguridad Social se hace necesaria la autorización de un nuevo suplemento para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19 por importe de 6.000.000.000 euros».

Con lo que las inyecciones de dinero público para complementar las obligaciones de pago de la Seguridad Social para el pago de las pensiones ascienden ya a más de 20.000 millones.

El Gobierno justifica que «el artículo 55.1, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone que cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y el crédito sea insuficiente y no ampliable, no siendo posible su dotación a través de las restantes figuras previstas en el artículo 51, deberá procederse a la tramitación de un suplemento de crédito». Y es lo que hace.

La pregunta ahora es cuánto tiempo podrá aguantar la economía española en esta tesitura de necesidad permanente de inyecciones adicionales de dinero para el abono de las pensiones.

«No han podido preverse con anterioridad»

El Ejecutivo aclara sobre la inyección para pensiones que «las consecuencias económicas para el Sistema de la Seguridad Social no han podido preverse con anterioridad, siendo necesaria la disposición de mayor crédito con carácter urgente, lo que justifica el recurso al presente suplemento de crédito para atender en tiempo y forma el pago de las prestaciones, garantizando el equilibrio financiero de la Seguridad Social».

La de las pensiones no constituye la única inyección de dinero: «A su vez, la crisis sanitaria obligó a la adopción de diversas medidas que han derivado en un aumento del gasto por prestaciones y subsidios por desempleo, como es el caso de la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal para evitar despidos regulados en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo o el establecimiento de nuevos subsidios para personas integradas en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social o para personas que hubieran finalizado un contrato temporal durante la vigencia del estado de alarma aprobados en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo».

Es más, según explica el Gobierno, «la situación de prórroga presupuestaria existente en 2020 determinaba que desde el inicio las previsiones de gasto fueran superiores a las dotaciones iniciales, que datan de 2018. Por estas causas el 8 de junio de 2020, el Ministerio de Hacienda se aprobó una ampliación presupuestaria para aumentar el crédito destinado a financiar el gasto en la prestación contributiva por importe de 14.151.918.381,20 euros financiado con el remanente de tesorería no afectado del Servicio Público de Empleo Estatal».

Añade que «no obstante, dada la persistencia de los efectos que está teniendo la evolución de la pandemia el Gobierno aprobó una prórroga desde el 1 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021, de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal para evitar despidos en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre de medidas sociales en defensa del empleo, lo que implica un gasto en las prestaciones por desempleo superior al estimado en la modificación antes mencionada».

Por si fuera poco, «dicha evolución ha supuesto un aumento en el gasto de los subsidios por desempleo, más allá de lo inicialmente estimado, en especial teniendo en cuenta que los créditos para hacer frente al gasto proceden del presupuesto prorrogado de 2018. Los créditos destinados a financiar los gastos de prestaciones y subsidios tienen la consideración de ampliables», por lo que, ahora, se amplían: «La necesidad total de financiación en el Servicio Público de Empleo Estatal asciende a 4.525.505.609,12 euros, sin que exista remanente de tesorería no afectado pendiente de utilizar, ni posible baja en otros créditos que permita financiar los 2.300.000.000 euros que se estiman necesarios».

Dicho y hecho, «en este caso, los 2.300.000.000 euros implicarán la necesidad de tramitar un crédito extraordinario en el Presupuesto del Estado, que incluya una dotación adecuada del Ministerio de Trabajo y Economía Social destinada a financiar al Servicio Público de Empleo Estatal, ya que en los presupuestos de 2020, prorrogados de 2018, no existía una aplicación que recogiera esta finalidad. Las operaciones anteriores implicarán un aumento en el presupuesto de ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal de 2.300.000.000 euros».