Huawei demandará al Gobierno de EEUU, según ‘The New York Times’

La demanda, que Huawei presentaría ante los tribunales del Distrito Este de Texas, donde se encuentra su sede en EEUU, probablemente argumentará que el veto gubernamental a la compañía es un acto legislativo que castiga sin juicio a una empresa o particular (‘bill of attainder’).

Durante el año pasado, Washington aumentó su presión sobre la firma china, uno de los principales actores en la construcción de redes inalámbricas de próxima generación en todo el mundo, presentando cargos contra la compañía y su director financiero por haber infringido el régimen estadounidense de sanciones contra Irán y llegando a instar a otros gobiernos a prohibir el uso de los productos de Huawei.

En este sentido, los abogados de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, han demandado al Gobierno de Canadá, su agencia fronteriza y a la Policía Federal, alegando que su clienta fue detenida, registrada e interrogada durante tres horas en violación de sus derechos constitucionales.

Meng, hija del fundador de la citada empresa, fue detenida en Vancouver en diciembre. El Departamento de Estado estadounidense la imputó en enero por conspirar para violar las sanciones estadounidenses contra Irán.

En una demanda civil presentada este viernes en el Tribunal Supremo de la provincia de Columbia Británica, los abogados de Meng han indicado que la manera en la que los agentes obtuvieron pruebas e información de Meng constituían violaciones graves de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

En la demanda también afirman que la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA) tardaron deliberadamente en la ejecución inmediata de una orden de arresto y fue interrogada antes de la detención. La Policía Federal solo ejerció su orden de arresto horas después de la detención «ilegal» de Meng en el aeropuerto, según la demanda.

Meng, que se encuentra en libertad bajo fianza, comparecerá este miércoles a las 10.00 (hora local) y se fijará una fecha para su extradición.

El Gobierno de Canadá aprobó el pasado viernes los procedimientos de extradición a Estados Unidos de Meng. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en enero una serie de 23 cargos contra Huawei, el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones, a la que acusa de espionaje industrial y de conspirar para infringir el régimen de sanciones a Irán, además de tratar de obstruir la acción de la Justicia, destruir pruebas y cometer fraude bancario.

Por su parte, Huawei rechazó todas las acusaciones estadounidenses, afirmando sentirse «decepcionada» por los cargos presentados.

Canadá

Por su parte, la directora financiera de la tecnológica china Huawei, Meng Wanzhou, demandará al Gobierno canadiense, a las autoridades fronterizas y a la Policía Federal por «violar sus derechos constitucionales» tras ser detenida el pasado 1 de diciembre en Vancouver, informa este lunes la cadena estatal china CGTN.

Los abogados de la directiva -hija del fundador y consejero delegado de la compañía, Ren Zhengfei- aseguraron que las autoridades infringieron «gravemente» sus derechos al arrestarla, registrarla e interrogarla durante tres horas.

Así pues, Meng «busca compensación por negligencias en una oficina pública y por detención ilegal», según la breve nota difundida por la versión en inglés de la televisión oficial CCTV.

Meng fue detenida en Canadá a petición de Estados Unidos, quien la acusaba de violar las sanciones impuestas a Irán.

En enero, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a Huawei, a dos compañías afiliadas y a Meng de trece cargos de fraude y conspiración para saltarse las citadas sanciones impuestas por Washington.

La directiva del gigante tecnológico se encuentra actualmente en libertad bajo fianza, tiene prohibido abandonar su mansión en Vancouver y tendrá que comparecer este miércoles ante el Tribunal Supremo de la provincia de Columbia Británica para iniciar el proceso de extradición.

Según el departamento de Justicia, durante la vista de extradición, la Fiscalía presentará «detallados argumentos en sus alegatos, en los que se presentarán pruebas y serán parte del historial público».