Hotusa pide a la SEPI un préstamo participativo de 200 millones para refinanciar su deuda bancaria

Los problemas de Hotusa derivados de la crisis del covid no se solucionaron con el crédito ICO de 50 millones que consiguió en verano como adelantó OKDIARIO. La prolongación de las medidas restrictivas al turismo han llevado a la hotelera  a solicitar al Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) un préstamo participativo de 198 millones para reforzar su capital, según confirman fuentes conocedoras de la situación. El objetivo es contar con una posición de solvencia más sólida para refinanciar los cerca de 850 millones de deuda bancaria de la empresa.

La compañía asegura que cuenta con niveles de solvencia y liquidez «muy sólidos», teniendo una situación de tesorería holgada. «Por ello, afirmamos de manera rotunda que no contemplamos en absoluto solicitar ningún tipo de rescate».

La solicitud de Hotusa a la SEPI no es un rescate propiamente dicho, sino una fórmula similar a la concedida al grupo Globalia -la única empresa ayudada hasta la fecha por el citado fondo-. Se trata de un préstamo participativo, que es una especie de híbrido (como las participaciones preferentes) entre deuda y capital: debe devolverse en un plazo determinado y cobra un tipo de interés, como un préstamo o un bono, pero computa como recursos propios de la empresa, como las acciones.

¿Qué persigue Hotusa con esta solicitud? Reforzar sus niveles de solvencia de cara a su verdadero objetivo: refinanciar la deuda bancaria, que es inasumible con los niveles mínimos de actividad desde el inicio de la pandemia del covid.  Según las fuentes consultadas, el endeudamiento total de la hotelera se sitúa cerca de 850 millones, incluyendo el crédito ICO de agosto. sus principales acreedores son Banco Santander, Banco Sabadell y BBVA.

Más solvencia para poder refinanciar

Se trata de un problema parecido al de la empresa industrial asturiana Duro Felguera: la banca exige que entren nuevos inversores en el capital para acceder a refinanciar la deuda; de esa forma se reduce la ratio de endeudamiento y aumentan las probabilidades de cobrar la deuda. Dado que no hay inversores privados dispuestos a hacerlo -Duro Felguera ha anunciado varios nombres de posibles interesados, pero ninguno tiene intención real de poner el dinero que necesita-, no queda más remedio que pedirlo a la SEPI.

Hotusa, presidida por Amancio López-Seijas, ha conseguido alargar esta refinanciación más de lo que se esperaba: los observadores pensaban que en septiembre tendría que acometer ya la operación. Pero ya llegados a febrero, la banca acreedora no le concede más tiempo, lo que le obliga a pedir este préstamo participativo del fondo público. En todo caso, la intención de la compañía es que la entrada del Estado en su capital no sea permanente.

Las fuentes consultadas añaden que, si su petición no es atendida por la SEPI, está preparando un plan B: la creación de varias sociedades filiales para separar los mejores activos de los que tienen menos valor y no cubren la deuda con la que se financiaron. La idea sería salvar la parte ‘buena’ y dejar caer la ‘mala’, que sería ejecutada por los bancos como garantía de la financiación.

«Hasta el covid, Hotusa era rentable, con caja, créditos con garantía hipotecaria, etc. Esto debería ser coyuntural, pero necesita liquidez para pasar el trago», según una de las fuentes.

Rescate generalizado del turismo

En todo caso, la situación de Hotusa se encuadra en la grave crisis que sufre todo el sector de la hostelería y el turismo debido a las medidas restrictivas adoptadas por los diferentes Gobiernos para tratar de reducir los contagios. Recientemente, otro hotelero catalán, Pau Guardans, ha vendido el Hotel Único en la calle Claudio Coello de Madrid, el grupo Salenta se ha desprendido del Hotel Nobu Barcelona y Pontegadea (la sociedad de inversión de Amancio Ortega) ha adquirido el Senator Playaballena en Rota (Cádiz).

Globalia consiguó de la SEPI un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 para Air Europa, condición exigida por Iberia para adquirir la aerolínea de la familia Hidalgo; tras esta inyección, se ha cerrado la venta por 500 millones. Globalia y Barceló también han solicitado otros 240 millones al fondo de la SEPI para allanar la fusión de sus agencias de viajes, Halcón y Ávoris.

Otras compañías más pequeñas del sector turístico también han pedido ayuda al fondo público de rescate, como la hotelera andaluza Abades, la agencia Nautalia, la aerolínea Wamos, Naviera Armas (el grupo de Transmediterránea), Hotelatelier, propietario de los hoteles Petit Palace y los Icon, o el grupo Sehrs.

La SEPI, paralizada por culpa de Montero

Todas estas solicitudes están atascadas por el vacío de poder de la SEPI. Como ha informado esta semana OKDIARIO, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estaba guardando el puesto a su protegido Vicente Fernández Guerrero, que dimitió en 2019 al ser imputado en el caso Aznalcóllar, y le permitía seguir dirigiendo el organismo en la sombra.

Pero esta semana, Fernández Guerrero ha pasado a estar procesado con perspectivas de apertura de juicio oral, lo que ha dejado en ridículo a la ministra y le ha obligado a buscar un nuevo presidente a toda prisa. El principal candidato es otro ex de la Junta bajo el Gobierno del PSOE: Antonio Miguel Cervera.