El Gobierno reclama a Ferrovial 332 millones por diferencias en el pago de impuestos

Ferrovial, que ha anunciado que trasladará su sede social de España a Países Bajos porque tiene una mayor seguridad jurídica, tiene abiertos litigios con el Gobierno en relación con inspecciones tributarias que suman un total de 332,4 millones de euros, según señala la empresa en su informe anual. La compañía considera que en buena parte de ellos podría resultar perdedor y tiene provisionados 200 millones para hacer frente a las posibles consecuencias de esas diferencias contables con el Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, incluida la ministra del ramo, María Jesús Montero, ha salido en tromba este martes contra Ferrovial por plantear su marcha del país.

Las principales reclamaciones que hace Hacienda a Ferrovial, que pagó 282 millones de euros en tasas en España en 2022, se refieren a los impuestos de Sociedades e IVA entre 2002 y 2021. La constructora que preside Rafael Del Pino, que controla el 20% de la empresa a través de una patrimonial radicada en Holanda, Rijn Capital B.V, explica que uno de los principales conflictos abiertos se refiere a la «amortización a efectos fiscales del fondo de comercio financiero derivado de las adquisiciones de Amey y Swissport. Ferrovial ha presentado un recurso contra la Decisión de la Comisión Europea de 2014 («Tercera Decisión») en la que se declara que esta medida fiscal es una ayuda de Estado. Aunque consideramos que hay motivos fundados que apoyan la postura procesal del Grupo, si no se produce una sentencia judicial favorable, habría un impacto negativo de 84,9 millones de euros en la cuenta de resultados de Ferrovial, correspondiente al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2002-2021. El importe máximo a pagar sería de 44,3 millones de euros, dado que el resto ya ha sido pagado».

Un segundo caso que todavía está abierto y que Ferrovial destaca es el referido al recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo de liquidación derivado del Acta incoada a Ferrovial, por el concepto Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006. «El principal concepto debatido es la aplicación de la deducción por actividades exportadoras en relación con la inversión realizada en 2006 para la adquisición de la participación en la antigua BAA (Heathrow). El importe derivado de esta contingencia asciende a 119,2 millones», explica la firma, que tiene «totalmente provisionados» esos fondos.

Limitación a la exención de beneficios

Son dos de los conflictos que tiene abiertos Ferrovial con el fisco español actualmente. A esto se añade la presión fiscal actual, que ha sido criticada en público por directivos de la compañía, impuesta por Sánchez desde que llegó al Gobierno. Es el caso de la limitación de la exención del 100% al 95% de los beneficios obtenidos en el extranjero. Una medida que aprobó el Ejecutivo en los Presupuestos Generales de 2021 y que de momento ha reportado a las arcas públicas 412 millones en un año -el último dato publicado por la Agencia Tributaria es noviembre de 2022-.

Ante esta situación, Ferrovial anunció este martes su intención de trasladar la sede social a Países Bajos por su marco jurídico estable. Un golpe directo a la política fiscal del Gobierno, que este miércoles ha salido en tromba a criticar a la constructora a la familia Del Pino. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó que había llamado por teléfono al presidente y que le había advertido del «error» de sacar la sede de Ferrovial de España. «Le debe todo a España», dijo, en referencia a las obras e infraestructuras que ha construido la empresa y que han pagado todos los españoles.