El Gobierno quiere que los opositores hagan un máster gratuito y un examen para obtener la plaza

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha planteado este lunes un nuevo modelo de selección para los opositores en el que los aspirantes a un puesto en la Administración pública en los Grupos A1 y A2 deberán realizar un máster gratuito de dos años y superar un examen para poder optar a la plaza. Hay que destacar que entre los grupos A1 y A2 afectados por este cambio se encuentran los jueces y magistrados.

Sin embargo, varias asociaciones ya han puesto el grito en el cielo como la Asociación de Inspectores de Hacienda, que rechaza esta propuesta de la Secretaria de Estado de Función Pública por atentar contra la objetividad, el mérito y la capacidad.

«Con media España de vacaciones, se ha conocido el documento que ha publicado el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública sobre los cambios que esta área del gobierno quiere introducir en los procesos selectivos de los funcionarios que prestan sus servicios en la Administración General del Estado (AGE)», ha defendido desde la Asociación de Inspectores de Hacienda.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) también subraya que la captación de talento no puede implicar, bajo ningún pretexto, que se introduzcan criterios que se traduzcan en una desaparición de la actual objetividad que emana de nuestros sistemas de acceso a la función pública o en una rebaja de criterios para el acceso a la misma.

«La polémica está servida por cuanto los funcionarios ya no tendrán, sin duda alguna, la misma preparación que antes. Sin embargo, el peor peligro es la errática idea de un funcionario seleccionado con un proceso en el cual será imposible asegurar la imparcialidad y la objetividad. En definitiva, la injerencia política será una realidad sin precedentes en la democracia española», explican.

Así lo ha indicado la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, junto al ministro del ramo, Óscar López, durante la presentación del Consenso para una Administración Abierta, un documento con el que se busca transformar digitalmente a la Administración del Estado.

Con este plan, Función Pública quiere adaptar los nuevos perfiles de ingreso a las nuevas profesiones que han surgido, por lo que se impartirá una formación a través de institutos y escuelas de formación por la que los aspirantes deberán superar un examen para poder acceder a la plaza.

De esta manera, se diseñarán itinerarios formativos basados en el ecosistema competencial medidos en ECTS: 120 ECTS para los cuerpos y escalas del subgrupo A1; 90 ECTS para el subgrupo A2; 60 ECTS para el grupo B; 30 ECTS para el subgrupo C1 y 10 para el subgrupo C2.

Una formación de dos años para los opositores

Como han explicado desde el Ministerio, con el nuevo modelo se convocarán más plazas de las necesarias para los opositores de los grupos A1 y A2 y, una vez se supere la prueba de ingreso, los aspirantes a estos puestos de trabajo deberán cursar una formación durante dos años que finalizará con un examen para obtener la plaza.

Los aspirantes que no aprueben el examen recibirán un título por los estudios que han cursado, que tendrá reconocimiento oficial. Este sistema sólo se implantará para los opositores que opten a los Grupos A1 y A2, mientras que para los grupos C1 y C2 la formación se recibirá una vez se obtenga la plaza, es decir, una vez se esté en el puesto de trabajo. En el resto de categorías de opositores se mantendrá el actual sistema de oposiciones.

Según la secretaria de Estado, este modelo garantizará de manera «real» la igualdad de oportunidades entre los perfiles que van a ingresar a un puesto público en estas categorías y permitirá superar el antiguo modelo de acceso al funcionariado consistente en la tasa de reposición.

En este sentido, ha asegurado que desde el punto de vista cuantitativo, la tasa de reposición se ha superado «con creces» y ha dejado de ser un problema para la Administración pública desde el punto de vista de la planificación, pero desde el punto de vista cualitativo este nuevo sistema de acceso al funcionariado permitirá dar una vía de entrada a las nuevas profesionales que han surgido.

Además, tal y como ha deslizado la secretaria de Estado, este modelo se enlazará con el sistema de becas del Ministerio de Educación para garantizar el «máximo rigor y formación».

43 millones para transformar la Administración

Durante la rueda de prensa, el ministro de Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el Consenso para una Administración Abierta que el Gobierno quiere desarrollar supondrá «la mayor evolución de la Administración desde Internet». Con ella, se quiere potenciar la Administración y sacar sus máximas posibilidades.

Esta transformación, que se inició en marzo de 2024 con un documento marco, supondrá un desembolso de 43 millones de euros que saldrá de las aplicaciones presupuestarias del Ministerio de Función Pública.

Entre otras cuestiones, se quiere desarrollar una plataforma soberana de Inteligencia Artificial (IA), con un coste de 14 millones euros, y con la que se quiere simplificar los trámites, adelantarse a las necesidades empresas y particulares y extender la tecnología del Kit Digital.

«Queremos una Administración más cercana, por ello, vamos a aprovechar el uso de la nueva tecnología para eliminar la obligatoriedad de la cita previa», ha expuesto López, que ha indicado que esto necesitará de un desarrollo reglamentario, por lo que no ha querido indicar la fecha en del fin de esta obligatoriedad.

Además, López ha asegurado que se implantará en la Administración la tecnología de SimplexEsp para agilizar la burocracia a través de la creación de borradores, al igual que pasa con la declaración de la renta, para otras gestiones en la Administración como, por ejemplo, para solicitar ayudas de la PAC.

Asimismo, ha explicado que se quiere crear una oficina «todo en uno» para interconectar varios servicios de la Administración en una misma, con el objetivo de que se pueda ir a una oficina de Correos, por ejemplo, a realizar trámites de empadronamiento.